El Juzgado da el visto bueno al Plan de Liquidación de la Hullera

El Plan de Liquidación que marque el punto de partida que determine el futuro de la Hullera Vasco Leonesa tiene ya el visto bueno del Juzgado. En una resolución notificada el pasado día 4, el titular de lo Mercantil aprueba la propuesta presentada inicialmente por los administradores concursales, a la que añade una serie de «matizaciones» extraídas de las observaciones al plan expuestas por las representaciones de la Junta de Castilla y León, la Tesorería General de la Seguridad Social, Transportes Peal S.A., el Comité de Empresa Intercentros de la concursada y Carbones del Norte S.A.

En este auto –contra el que cabe recurso– destacan las alegaciones de los representantes de los trabajadores. Se recogen hasta 12 reclamaciones y desde el Comité lamentan que en el Juzgado no se hayan considerado algunas «muy importantes» y que creen que fundamentalmente «condenan» a los pozos. Pese a estar «poco conformes» con esta decisión, no apelarán, dejando que se agote el plazo para poder hacerlo, que cumple hoy.

Entre otras cosas, no se ha tenido en cuenta la petición de incorporación al Plan de Liquidación de un presupuesto aproximado de ingresos y gastos previstos durante el período que dure la liquidación por creer, según el auto, que su cálculo es complicado. Tampoco han retirado la exigencia de depósito para ser considerado oferente –propuesta en 750.000 euros en el caso del cielo abierto; en 500.000 euros para los pozos y en 250.000 euros para el lavadero– y que los trabajadores estimaban que reducía «las posibilidades de concurrencia» de interesados en la compra y rechazan también que el precio mínimo exigido para la admisión de ofertas –de 2,5 millones para el interior y  uno para el lavadero– sea «desproporcionado». Respecto a la «improcedencia» de reclamar un aval al futuro comprador que garantice la devolución de las ayudas al cierre de la unidad productiva de interior, valoradas en 72,8 millones y que para el Comité supone el principal escollo para avanzar, el Juzgado también dice no. En esta ocasión porque la propuesta, señalan, «parte de una premisa errónea». Además, apuntan que los 16 empleados adscritos al lavadero no tienen que considerarse, en principio, y como pedía el Comité, integrantes de la unidad de interior o bien de la del cielo abierto, «sin perjuicio de la posibilidad de enajenación conjunta».

El sexto punto se refiere a que el adquiriente asuma las deudas laborales pendientes con los trabajadores de la concursada y a que el incumplimiento de tal obligación determine la reversión de la adjudicación de la unidad productiva. Al respecto, señalan que si en el plazo de tres años no se hubiera satisfecho la totalidad de las obligacionesnacidas con anterioridad a la transmisión y que afectan a los trabajadores, se revierta su titularidad en favor de la concursada. Otra cuestión importante es la referida a los plazos previstos para la presentación de ofertas, de dos meses para el lavadero y el cielo abierto y de 15 días para el interior. El Comité pedía tres meses en los tres casos, y el Juzgado defiende los 15 días para los pozos y cree satisfecha la postura de los representantes de los trabajadores respecto a los otros dos. Las cartas están echadas. Habrá que esperar que, bajo estas condiciones, llegue algún empresario que compre.