"Lo único que esperamos es que después de tanto tiempo sea un buen escrito. Es lo mínimo que nos puede ofrecer", advertían días atrás los familiares de los afectados "indignados" por la ausencia de noticias en tanto tiempo por parte del Ministerio Fiscal. Ahora saben que este documento está presentado (lo conocieron por la prensa mucho antes de que se les diera traslado de su contenido) y pueden dar por zanjado uno de los últimos trámites que quedaban pendientes para que se pueda fijar la fecha en la que se juzguen los hechos y que confían en que, ahora ya sí, se dé a conocer "en breve". Antes, habrá que resolver varios recursos de reforma presentados, y también se deberá dar traslado a los acusados de los escritos de acusación, así como de la totalidad de las diligencias previas para que sus letrados puedan elaborar su escrito de defensa (el plazo previsto es de diez días).
Procedía "paralizar el tajo"
En unos cuarenta folios, el fiscal explica que el accidente fue "previsible y evitable" y que tuvo su origen en "el incumplimiento por parte de los acusados de las normas de seguridad en la forma de explotación de ese taller, en el que los trabajos se estaban realizando en unas condiciones muy peligrosas y sin las adecuadas medidas de seguridad". Además, advierte que "ante los numerosos factores y avisos de riesgo que existían casi desde el inicio de la explotación del taller", lo que procedía era "paralizar el tajo e impedir que los trabajadores accedieran a diario a su puesto y, después, variar la forma de explotación". No lo hicieron. Se avisa también de que "se incumplió la disposición interna de seguridad de explotación de talleres en virgen sin minados superiores"; de que "la ventilación del taller en el que ocurrió el accidente era insuficiente y estaba inadecuadamente ubicada"; de que "no se adoptaron las medidas necesarias respecto al control de los niveles de metano" y del error que supuso que, pese a todo ello, no se hiciera "nada" para impedir la entrada de los trabajadores fallecidos y de los lesionados.
Tres años y seis meses de prisión
De estos hechos responsabiliza y acusa a 15 personas y desvincula a otra, al investigado Alberto Fernández Díez, del que dice que no existen indicios de que haya tenido una "intervención directa en la tarea durante la cual ocurrió el accidente por la que le puedan ser imputados los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia". Los demás, subraya, "incumplieron la obligación que, por sus respectivos cargos, legalmente les incumbía de facilitar las medidas necesarias para proteger la seguridad de los trabajadores". Por ello, dice, cometieron un delito contra los derechos de los trabajadores, seis delitos de homicidio por imprudencia grave, un delito de lesiones por imprudencia grave (por las sufridas por Juan Manuel Menéndez Montero) y siete más de lesiones por imprudencia grave, cabiendo imponer a cada uno de los acusados las penas de "tres años y seis meses de prisión".
Ventiladores mal ubicados
Entre los datos que ofrece el fiscal en su escrito, sostiene por ejemplo que "si los ventiladores hubieran estado ubicados correctamente" se hubiese podido renovar el oxígeno en el lugar donde habían caído los trabajadores en un tiempo aproximado de 66 segundos, existiendo la posibilidad "de que alguno de los accidentados no hubiese fallecido". Además, se habla de "deficiencias" en el sistema de seguridad de la empresa, que "no contaba con la evaluación del riesgo de una invasión intempestiva de gases de gran magnitud, como la ocurrida el día del accidente".
Las familias, indignadas
Para los familiares de los afectados este escrito del fiscal no solo llega tarde, sino que, además, ‘cojea’ en muchos aspectos en cuanto a contenido. Consideran, por ejemplo, incompleto que se solicite una pena "ridícula", de tres años y medio, por un listado de delitos sin llegar a relacionar en ningún momento lo que se reclama por cada uno de ellos. Inciden también en que aunque se imputa a 15 personas, no todas pueden tener "la misma responsabilidad, la misma consideración" respecto a lo ocurrido, y ven "vergonzoso" que se retire la imputación al delegado minero, que recuerdan que es "la persona que eligen los trabajadores para que les represente y vele por su seguridad y que no ha cumplido su función". Al mismo tiempo, hacen hincapié en que no es comprensible que habiendo seis fallecidos y varios lesionados, haya 15 imputados y ninguno de ellos haya estado en prisión preventiva. "¿Cuántos tendrían que haber fallecido? No se ha defendido a las víctimas en ningún momento, no hay consuelo para ellas o un ápice de humanidad. Por cada trámite hemos tenido que esperar meses y hemos sufrido una dejadez total por parte de todos", denuncian.
En el procedimiento toman parte los familiares de cinco de los fallecidos (en el caso del sexto, José Luis Arias Gutiérrez, explica el fiscal que su esposa "no reclama, habiendo renunciado al ejercicio de acciones civiles y penales al haber sido indemnizada") y los ocho trabajadores que resultaron lesionados como consecuencia del accidente.