En el auto de levantamiento del secreto del sumario de esta causa, el juez precisa que, fruto de este concierto, De Pedro trabajó supuestamente para favorecer la candidatura de Martínez Barazón recibiendo como contraprestación la adjudicación de contratos relacionados con la promoción y gestión de las pistas de esquí de San Isidro. «Quedaría patente también la intervención del imputado Francisco Eduardo Ruiz Valenzuela en la elaboración de los pliegos para asegurar la adjudicación de tales contratos a empresas específicamente creadas», añade el auto.
El expresidente de la Diputación de León ha negado siempre que firmara ningún contrato con el empresario Alejandro de Pedro, uno de los supuestos cabecillas de la trama Púnica, aunque ha reconocido que mantuvo contactos con él para mejorar el turismo de la provincia. Martínez Barazón fue encarcelado y pasó 43 días en la prisión de Navalcarnero (Madrid), que abandonó en libertad provisional tras depositar una fianza de 30.000 euros el pasado 11 de diciembre. El juez decidió concederle la libertad provisional a instancias de la Fiscalía, que consideró que procedía modificar la situación procesal de prisión incondicional sin fianza al político leonés, que permanecía encarcelado desde el 30 de octubre de 2014 por su vinculación con la trama.
En el auto de levantamiento del secreto del sumario de esta causa, que desgrana los hechos presuntamente delictivos que se achacan a los principales imputados, el juez detalla que el caso suma ya 92 personas imputadas por delitos de corrupción.
El dinero de Marjaliza
David Marjaliza, socio del exconsejero madrileño Francisco Granados y uno de los cabecillas de la trama Púnica, recibió en efectivo y en billetes de 500 un total de 10 millones con facturas ficticias a través de 9 empresas vinculadas a él, un dinero «ennegrecido» que, según aseguran desde Anticorrupción, provino de operaciones fraudulentas.Así consta en la querella que presentó la Fiscalía Anticorrupción ante el juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional contenida en el sumario del caso, al que ha tenido acceso Efe, y que dio inicio a la investigación sobre la trama Púnica, que desembocó el pasado octubre en una operación en la que se detuvo a medio centenar de personas.En la querella se explica que Marjaliza recibió en 2004, 2005 y 2006 3.192.925, 5.506.842 y 1.548.588 euros, respectivamente, de acuerdo a «facturas que recogían servicios y relaciones comerciales que no habían tenido lugar, cargadas a sus empresas».
Así, recibió en total 10.248.356 euros, un dinero que, según Anticorrupción, fue luego «en parte enviado a Suiza mediante operaciones de compensación». Marjaliza, junto a Granados, es el único de los 92 imputados en este caso que continúa en prisión. Este viernes, además, se han notificado 60 tomos del sumario, es decir, la parte documental del mismo, pero no las grabaciones de las declaraciones de los imputados, incluido Marcos Martínez, que podrían notificarse la próxima semana.
El juez Velasco, por otra parte, afirma que al exconsejero madrileño Francisco Granados y a su socio, el citado David Marjaliza, les rendían «pleitesía» determinados «cargos políticos y funcionarios», entre los que se contaba un guardia civil, según se desprende de los pinchazos telefónicos del sumario. Algunos de los indicios contra ellos son los pinchazos telefónicos hechos hasta octubre del año pasado, cuando se destapó la operación Púnica, que confirman «la frecuente utilización de las relaciones personales e influencias políticas» por parte de los supuestos cabecillas de la trama, los consabidos Granados y Marjaliza. Estas influencias las usaban para conseguir adjudicaciones a empresas de la red, sobre todo por parte de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Valdemoro, pero también en Murcia y León.