Ahora, el juez ha desestimado esa demanda y ha impuesto las costas al alcalde, según airearon ayer el propio Pérez Robles y el secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, quienes no descartan poner los hechos en conocimiento del fiscal al considerar que la sentencia –pese a que juzga solo la demanda sobre el derecho al honor– «evidencia» también las irregularidades urbanísticas a las que se referían las declaraciones públicas efectuadas.
Los socialistas creen que el alcalde Villaquilambre habría utilizado presuntamente la justicia como «pantalla para esconder la verdad» al acusar de injurias al Pérez Robles, quien ha apuntado que en el juicio quedó claro que durante el inicio de las obras la parcela era propiedad de Manuel García y su familia. Unas obras que empezaron en mayo y cuya compraventa se efectuó el 23 de julio. «Manuel García y su familia tenían interés en esa construcción, máxime cuando en el juicio supimos que el pago por la parcela era en pisos y locales o dinero equivalente, lo cual demuestra que cuanto antes se construyera, antes recibía su parte», ha explicado Pérez Robles antes de asegurar que hasta que el PSOE de Villaquilambre no denunció públicamente los hechos, el Ayuntamiento no intervino e inició el expediente de infracción urbanística.
La constructora, multada
«La obra fue paralizada y la empresa constructora multada. Pero una vez denunciados los hechos se activó la maquinaria administrativa del Ayuntamiento para conceder la licencia de obra en tiempo récord, que pasó por encima de todas las que estaban en ese momento en tramitación, algunas habiendo sido presentadas mucho tiempo antes», ha declarado Pérez Robles durante una comparecencia ante los medios de comunicación en la que añadió que, presuntamente, «la familia del alcalde regaló edificabilidad a la constructora para legalizar el proyecto sin ninguna contraprestación conocida».