Habían sido condenados por delitos de falsedad en documento público, intrusismo o apropiación indebida, y el Gobierno ha decidido concederles el indulto, esa medida de gracia, de carácter excepcional, que consiste en la remisión total o parcial (conmutación) de las penas de los condenados por sentencia firme. Los otorga el Rey a propuesta del ministro de Justicia y desde 1996 se han concedido 75 a condenados por tribunales leoneses.
Indulto a un condenado en Ponferrada por un delito de falsificación de documento oficial, intrusismo y apropiación indebida Un repaso a los indultos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) –recogidos y ordenados por comunidades por la página web elindultómetro.es– arroja una tendencia a la baja en la concesión de indultos. Así, de los doce otorgados en 1997 o los 16 del año 2000 se ha pasado a los dos de media desde el inicio de este milenio, alguno de ellos por la Semana Santa.
El indulto implica la extinción de una pena y sus efectos –sin borrar el delito a los fines de reincidencia– y la conmutación supone el cambio de una pena mayor por otra menor.
75 indultos –totales o parciales– desde 1996. Uno ese mismo año, doce en 1997, cinco en 1998, nueve en 1999, 16 en el año 2000, dos en 2001, cinco en 2002, dos en 2003, tres en 2004, cinco en 2005, uno en 2006, tres en 2007, dos en 2008, otros tantos en 2009 y 2010, uno en 2010, 2011 y 2012, y dos el año pasado. La mayor parte de ellos se ha concedido a condenados por robo y por delitos relacionados con el tráfico de drogas (contra la salud pública). También hay varios por delitos de lesiones y por actuar contra la seguridad del tráfico.
Rebajan de tres a dos años de cárcel la pena de una funcionaria que falsificó un documento público, para evitar su entrada en prisión De los del pasado ejercicio 2014 se beneficiaba un hombre y una mujer. El primero, había sido condenado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Ponferrada como autor de un delito de falsedad en documento oficial, otro de intrusismo y otro de apropiación indebida a un total de 18 meses de prisión y seis de multa. El Gobierno, en un Real Decreto firmado por el ministro de Justicia de entonces, Alberto Ruiz Gallardón, proponía al Rey, que es quien tiene que firmarlo, indultar al reo de las penas de cárcel pendientes de cumplimiento.
El otro era una conmutación de pena a una mujer, una funcionaria leonesa adscrita al servicio territorial de Agricultura y Ganadería de León que fue condenada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León a tres años de cárcel y dos de inhabilitación por falsificar un documento público en su propio beneficio. El Gobierno le rebajaba la pena de prisión a dos años evitando su entrada en ella. También en este caso la propuesta partía del Ministerio de Justicia.
Añadir La Nueva Crónica como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.