Así, en anteriores informes del órgano de control se viene reclamando dicha implantación para, entre otras razones, posibilitar el cálculo de los costes reales de docencia de cada una de las titulaciones impartidas a efectos de cuantificar los precios públicos de las matrículas a pagar por los alumnos. Además, la medida pretende servir de referencia en el análisis de la eficiencia de las universidades públicas en la prestación del servicio público de educación superior para la implantación de nuevas titulaciones.
El sistema de contabilidad analítica permitiría utilizar los costes de docencia e investigación como instrumento básico en el que fundamentar el nuevo modelo de financiación ordinaria de las universidades públicas por parte de la comunidad autónoma. La fiscalización está incluida en el Plan Anual de Fiscalizaciones de 2019 y se va desarrollar de forma análoga a los anteriores trabajos realizados en esta área en colaboración con el Tribunal de Cuentas y otros órganos de control externo autonómicos.
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