A pesar de las reformas de la ley para tratar de poner coto a esta prácticas, Julio César Álvarez ha apuntado que muchas empresas mantienen "una posición dominante sobre los proveedores" y que en las grandes operaciones "no ha cambiado nada", con facturas que se llegan a cobrar hasta con 300 días de retraso.
Si el CEL reclama ante las grandes empresas, éstas tratarán de ir corrigiendo esos periodos tan largos Por ello, el convenio con Abuntia Europe pretende limitar los plazos y servir también de "medida preventiva", para disuadir a las empresas de "finanaciarse" a costa de los proveedores, como ha denunciado Raimundo García, consejero de la firma.
Por su parte, Juan Pastor, administrador de Abuntia Europe, ha destacado que el acuerdo firmado con el CEL posibilita la acción reclamatoria conjunta para acabar con las malas prácticas en los contratos de prestación de obras y servicios y enfatizó en los beneficios que reportará a las pymes y micropymes tanto en la mejora de los flujos de caja como en la reducción de sus costes financieros, entre otros. "Si el CEL reclama, en nombre de sus asociados, una compensación a las grandes empresas que pagan tarde, éstas tratarán de ir corrigiendo esos periodos de pago tan largos", ha apuntado. Para Pastor, la situación ideal sería "que se concertaran unas condiciones generales de la contratación para que todos los actores tengan que atenerse a unas normas claras de las que no puedan salirse".
En cuanto a las garantías de éxito en la reclamación, tanto el CEL como Abuntia Europe señalan que son muy altas porque "la cuestión de derecho no se discute", ya que la ley ampara a los proveedores, como ha quedado de manifiesto tras las últimas reformas. En lo relativo al proceso, "en Abuntia aplicamos protocolos de gestión muy pulidos para realizar las reclamaciones y, lo que es más interesante, establecer fórmulas preventivas para que esas situaciones no se vuelvan a producir", ha explicado Juan Pastor.
Por último, CEL y Abuntia han descartado posibles "represalias" que consideran "impensables" en el sector público y las rechazan en el privado porque, argumentan, "cada contrato es un mundo".
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