El asesino de San Mamés acepta 17 años y medio de condena

El acusado de matar a su pareja en septiembre de 2013 en la calle Menéndez Pelayo de León ha aceptado este lunes una pena de 17 años y medio de prisión, así como la privación de la patria potestad de sus dos hijos de corta edad, fruto de su relación con la víctima, en la vista oral celebrada esta mañana en la Audiencia Provincial de León.

El acusado, cuya identidad corresponde a las iniciales V.M., se enfrentaba a una pena de 19 años de prisión que había solicitado el Ministerio Fiscal, que finalmente ha reducido su petición de condena a 17 años y medio por un delito de asesinato con agravante de parentesco, aunque ha mantenido la privación de la patria postestad de sus dos hijos y una petición de 75.000 euros para cada uno de ellos en concepto de responsabilidad civil por el daño ocasionado por la muerte de su madre.

En el interrogatorio al que fue sometido en la breve vista oral celebrada este lunes, el acusado reconoció la relación sentimental con la víctima, con quien tenía dos hijos, el mayor de más de seis años y el pequeño de una edad que no pudo precisar al no recordar su fecha de nacimiento. También reconoció haber mantenido discusiones con su pareja en los días previos a los hechos, y haberse preguntado por la pena que le caería por matar a una persona en España.

Acompañado por una traductora, V.M. insistió en que la víctima no quería volver con él a Francia, aunque dijo desconocer los motivos, después de nueve meses sin ver a sus hijos, a los que no enviaba dinero para su manutención, añadió. Sobre lo ocurrido, reconoció haberla estrangulado y que la víctima “no pudo defenderse”, tras lo que viajó a Rumanía sin dar aviso a los servicios de emergencia porque “tenía miedo”.

“Lo siento mucho, no pensaba que iba a llegar a eso”, tradujo la intérprete a raíz de las palabras del acusado, que informó de que sus hijos se encuentran en estos momentos en Grecia con sus hermanos y su abuela paterna. Tras la confirmación de la pena y de informar de esta a las autoridades rumanas, serán estas últimas las que determinen las medidas que hay que adoptar con los menores.