Ecologistas en Acción de León ha solicitado a la Junta de Castilla y León que archive el expediente ambiental de la planta de fabricación y carga de munición de artillería de gran calibre proyectada en Valderas. La organización también reclama al Ayuntamiento que paralice cualquier licencia destinada a facilitar su implantación.
El colectivo sostiene en un comunicado de prensa que la Junta y el Consistorio están tramitando la iniciativa promovida por Tecnesis 3000 S.L.U. «como si se tratara de una fábrica de explosivos de uso civil y no como lo que es: una fábrica de armas de guerra». Según defiende, la autorización de estas instalaciones correspondería al Ministerio de Defensa.
La organización ecologista asegura que, tras revisar la documentación incluida en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, el proyecto contempla la fabricación de «granadas de mortero y proyectiles de gran calibre, como el 155 milímetros», en diferentes modelos, así como la producción de munición preparada para su suministro a los clientes.
Ecologistas en Acción señala que el Ayuntamiento de Valderas ha cedido terrenos en régimen de arrendamiento a la empresa promotora y que el expediente se está tramitando mediante la normativa estatal sobre explosivos. Sin embargo, considera que debería aplicarse el Reglamento de Armas, que clasifica como armas de guerra las armas de fuego de calibre igual o superior a 20 milímetros, sus municiones y las granadas de mortero.
La asociación recuerda que la fabricación de este tipo de armamento requiere una autorización especial de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, además de la intervención de otros departamentos estatales y de la supervisión de la Dirección General de la Guardia Civil.
El colectivo califica de «lamentable e irresponsable» la predisposición de las autoridades locales a acoger una instalación de estas características, especialmente por su proximidad a la planta de Orica Explosivos Industriales. A su juicio, la nueva actividad elevaría «de manera exponencial» el riesgo de accidentes graves relacionados con sustancias peligrosas en Valderas y en municipios cercanos como Villafer y Campazas.
Ecologistas en Acción también pone en duda la creación de empleo asociada al proyecto al señalar que «la documentación aportada no acredita» el número de puestos de trabajo. Tampoco considera suficiente el arrendamiento de los terrenos, cifrado en 74.000 euros anuales, para justificar que Valderas y su entorno se conviertan, en sus palabras, «en un polvorín con capacidad para almacenar 800 toneladas de material explosivo destinado a la guerra».
La organización, que se define como comprometida con el «pacifismo activo», critica además que la producción de munición se someta únicamente a una evaluación ambiental simplificada. «No hay actividad humana que tenga peor impacto que el que provocan las guerras y las armas que en ellas se emplean para destruir vidas humanas, ecosistemas y bienes materiales», sostiene.
Por este motivo, reclama que antes de autorizar una fábrica de este tipo se realice «no una evaluación simplificada ni ordinaria, sino una evaluación amplificada» que tenga en cuenta el potencial destructivo de la producción armamentística a lo largo del tiempo. Según concluye, ese análisis debería servir para frenar «el ecocidio suicida al que nos dirige la industria de la guerra».
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