El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba en su edición del pasado sábado un real decreto por el que la concesión de la autopista AP-71 (León-Astorga) llegará hasta el 20 de marzo de 2055.
La prórroga es tan sólo de nueve días y tiene como objetivo paliar las pérdidas ocasionadas por la pandemia, pero lo cierto es que ha servido para reabrir el debate sobre las dos vías de alta capacidad que discurren por la provincia y por cuya utilización se cobra un peaje a los conductores.
Concretamente, la secretaria general de la UPL, Alicia Gallego, lamentaba este miércoles los 30 años que aún quedan por delante para que se proceda a la liberalización de la AP-71. En este sentido, recordaba que la formación leonesista siempre se ha exigido la supresión de este peaje, tal y como queda demostrado en las iniciativas presentadas en las Cortes de Castilla y León en 2016, 2018 o 2024. «Sin embargo, lejos de incluirla en el Plan Nacional de Abaratamiento de Autopistas de Peaje o de apostar directamente por su liberación inmediata, el Gobierno mantiene una concesión que condena a una provincia que se desangra demográfica y económicamente», aseguraba Gallego.
En este sentido, la líder de la formación leonesista considera que la supresión del peaje sería clave para vertebrar la provincia de León y exige que al menos se apueste por precios realmente asequibles y disuasorios para no tener que circular por la maltrecha N-120. «El ministro de Transportes y Movilidad sostenible, Óscar Puente, tiene que darse cuenta de que ya no es alcalde de Valladolid y debe cumplir con la provincia de León para dotarla de las infraestructuras necesarias que puedan frenar el declive poblacional que vive», sentenció Gallego antes de cargar duramente contra los dos principales partidos nacionales. «PP y PSOE se llenan la boca hablando del medio rural y de la lucha contra la despoblación, pero cuando están al frente del Gobierno de España no hacen nada para buscar soluciones. Los desequilibrios territoriales no desaparecen llamándonos victimistas o anunciando a bombo y platillo inversiones que nunca llegan, sino que requieren medidas que hagan más atractiva esta tierra», reseñó finalmente la secretaria general de la UPL.
Es preciso recordar además que la otra autopista de peaje que discurre por la provincia es la AP-66, que une León con Asturias y cuya concesión se extiende hasta el año 2050 tras la prórroga aprobada durante la etapa de José María Aznar al frente del Gobierno de España, concretamente en el año 2000.
La empresa que la gestiona facturó el pasado año 47,8 millones de euros, por lo que la cuantía se elevaría al menos a 1.200 millones de euros si se agotara la concesión, porque cabe recordar que la Comisión Europea ha abierto expediente al Gobierno de España por considerar que aquella prórroga de la concesión no se ajustó a la normativa, ya que no se habrían seguido los correspondientes procesos de licitación. Fue el pasado mes de agosto cuando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible presentó sus alegaciones ante Bruselas y está previsto que la decisión final sobre la legalidad o no de la prórroga se conozca antes de finales de año.
Mientras, la empresa que gestiona la autopista León-Astorga viene facturando cada año algo más de 7,5 millones de euros, por lo que durante las próximas tres décadas sus ingresos se situarían al menos en 225 millones de euros.
Aunque en estos cálculos no se incluyen las subidas del IPC y posibles medidas políticas para rebajar los peajes, los ingresos totales de las dos autopistas de peaje hasta su desaparición rondarían los 1.500 millones de euros.