Dos años de cárcel para un vallisoletano por difundir en Twitter la foto de la víctima de La Manada

El Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona ha condenado a un vallisoletano de 30 años –A. Q. S.— a dos años y un día de prisión por publicar en su cuenta de Twitter una foto de la joven víctima que sufrió una agresión sexual por los integrantes de La Manada durante las fiestas de San Fermín en 2016, además de llamarla “golfa borracha”.

La sentencia del juez le condena como autor responsable de un delito de revelación de secretos y otro contra la integridad moral, por lo que además de la privación de libertad tendrá que indemnizar a la denunciante con 6.000 euros por el daño moral causado y pagar una multa de más de 4.600 euros. El fallo no es firme y cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Navarra.

El tribunal considera que A.Q.S., sin antecedentes penales, es culpable de los delitos después de que el 6 de diciembre de 2017 publicó en su perfil abierto de Twitter una fotografía en la que aparecía parte del rostro de una mujer manteniendo relaciones sexuales con un hombre. Una imagen que formaba parte del sumario del caso de la violación de La Manada aunque se desconoce cómo el acusado obtuvo esa fotografía. En todo caso, la imagen iba acompañada del texto: "La chica supuestamente violada por #LaManada ha pedido que no se difunda esta imagen porque quizás pensemos que solo era una golfa borracha. Pero cómo íbamos a pensar eso, si se la ve superforzada a lamerle el ojete a uno de ellos".

La sentencia, a la que ha tenido acceso la Agencia Ical, recoge que el condenado utilizó la fotografía con el ánimo de divulgar y difundir la imagen de la víctima, ya que utilizó el ‘hashtag’ LaManada "con la finalidad de favorecer la difusión del mensaje". No en vano, en el día en que estuvo publicado ese tweet fue compartido 16 veces, marcado con un ‘like’ 13 veces y generó 64 comentarios.

Además, la joven declaró que, a consecuencia de la publicación, se vio “ridiculizada” y “avergonzada”, además de sufrir el temor de poder ser identificada por terceras personas como la mujer que sufrió la agresión sexual durante los Sanfermines de 2016. El texto añade que la víctima se vio obligada a abandonar sus estudios universitarios e, incluso, a marcharse durante una temporada a vivir al extranjero porque fue reconocida por familiares, vecinos y compañeros de la facultad. Por todo ello, su abogada recordó que la joven sufrió un trastorno de estrés postraumático por ese tweet y se recrudecieron los síntomas.

La sentencia precisa que los familiares y conocidos de la denunciante, que no conocían la condición de víctima de La Manada, se enteraron por la foto publicada de la agresión sexual en Pamplona También, la sentencia precisa que los familiares y conocidos de la denunciante, que no conocían la condición de víctima de La Manada, se enteraron por la foto publicada de la agresión sexual en Pamplona. En este sentido, el juez asegura que el delito del condenado fue “mucho más lejos” porque acompañó la imagen de la víctima de “expresiones groseras y desagradables”. Es decir, una situación de “máxima vulnerabilidad” de una víctima en la que se le ve como “contra su voluntad, se ve compelida a realizar una práctica sexual especialmente humillante para quien la sufre sin voluntad de realizarla”.

El condenado señaló en la vista que recibió la fotografía en un grupo de WhatsAPP y que subió la imagen con “la finalidad de trasladar una opinión diferente y que no tenía intención de humillar”. El juez rebate esta idea al apuntar que “aducir subir esa imagen, con el comentario, para trasladar una opinión diferente es atentar contra cualquier tipo de razonamiento lógico”.

El juicio oral se celebró el pasado 17 de enero en Pamplona aunque la querella de interpuesta por un delito de injurias en Valladolid fue rechazada por los juzgados de la capital vallisoletana y enviada al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona.

Por último, el juez recuerda que la Audiencia Provincial de Navarra, quien juzgó el caso de La Manada, dictó un auto con medidas cautelares de protección para la víctima, que expresamente prohibía la divulgación o publicación de información relativa a la identificación de la acusadora. Es decir, el vallisoletano cometió un delito de revelación de secretos, al publicar una imagen contenida en un expediente judicial.