Un grupo de doce ayudantes técnicos educativos (ATE) de la provincia de León, personal laboral de la Junta de Castilla y León encargado de apoyar la inclusión de alumnado de educación especial en centros ordinarios y específicos, denuncia que se encuentra sin contrato ni destino a fecha de 4 de septiembre, jornada en la que debería haber arrancado su actividad con el inicio del curso escolar.
Según el relato de los afectados, entre el 30 de julio y el 4 de agosto la Administración les comunicó la adjudicación de una plaza para todo el curso, bajo la modalidad de contrato por circunstancias de la producción. Los días 4 y 5 de agosto fueron citados para la firma, trámite que solo llegaron a completar dos o tres de ellos: al detectarse un problema en la tramitación, el resto recibió una llamada informándoles de que el proceso quedaba en suspenso a la espera de una solución.
El 13 de agosto, prosigue el relato, la Junta les trasladó el motivo del bloqueo: al tratarse de un segundo contrato consecutivo por circunstancias de la producción con la misma empresa, la suma de ambos superaría los 18 meses y 35 días dentro de un periodo de 24 meses, umbral que obligaría a convertir su relación laboral en indefinida al finalizar. Para evitarlo, según denuncian, la Administración decidió que este colectivo solo pueda optar a vacantes —que salen a concurso de traslados cada tres meses— o a sustituciones, quedando excluido de las plazas para las que en un principio habían sido seleccionados.
Un mes después, y pese a las reclamaciones presentadas ante la Dirección Provincial de Educación de León, el Procurador del Común de Castilla y León y la gerencia territorial, los doce trabajadores aseguran no haber recibido respuesta ni solución. Mientras tanto, denuncian, la Administración ha seguido llamando a otras personas de la bolsa de empleo situadas por detrás de ellos en la lista, asignándoles los mismos puestos de vacante y sustitución a los que ellos ya no pueden optar.
El colectivo sostiene que la situación les ha generado perjuicios que van más allá de lo laboral. Varios de los afectados habían elegido destinos cercanos a su domicilio o al centro escolar de sus hijos, y al menos una persona llegó a alquilar una vivienda en la localidad donde iba a trabajar. A ello suman el gasto en exámenes —que se celebran siempre en Valladolid— y en academias o cursos de preparación para mantener su posición en la bolsa, una inversión que consideran ahora en riesgo sin la posibilidad de elegir plaza.
El colectivo exige, en primer lugar, que se reconozca que el proceso ha vulnerado las bases de la bolsa de empleo por la que se rige la contratación de los ATE. Piden también que los contratos se ajusten a la realidad de los centros educativos: consideran que cuando un alumno con necesidades educativas especiales lleva varios cursos en el mismo centro, su atención deja de responder a una circunstancia de la producción —pensada para necesidades nuevas y puntuales— para convertirse en una necesidad estructural y permanente del propio centro, que debería cubrirse sin perjudicar ni a los trabajadores ni al alumnado que la requiere.
Reclaman, además, el reconocimiento de una continuidad en su labor. Según explican, en la mayoría de los casos acumulan más de cinco años encadenando contratos anuales, con cambios de centro curso tras curso, una rotación que consideran especialmente perjudicial tratándose de alumnado con necesidades educativas especiales, para el que la estabilidad de contar con una persona de confianza a su lado durante toda su etapa educativa supone, según subrayan, uno de los mayores beneficios posibles. "No estamos en una fábrica ni en una cadena de empaquetado, estamos en un centro educativo y trabajamos con personas", resume el colectivo.
Piden también mayor claridad y transparencia en el proceso de selección: poder consultar el orden completo de la lista de la bolsa, el registro de llamadas realizadas y la puntuación con la que se ha adjudicado cada puesto, ya que aseguran no tener acceso ni a las plazas que se ofertan ni a la identidad de quienes finalmente acceden a ellas.
Por último, denuncian lo que consideran un trato desigual mantenido durante años: aseguran que hay compañeros que han conservado su puesto de trabajo de forma continuada durante más de seis años, sin que su tipo de contrato o su condición de interinidad se viera cuestionada, hasta que se creó la relación de puestos de trabajo (RPT) correspondiente a esa plaza. Según los afectados, este episodio no es más que la culminación de una forma de proceder que, aseguran, llevan sufriendo desde hace tiempo.
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