El gasto de la Seguridad Social en el periodo referido para cubrir las prestaciones ascendió a más de 50,8 millones de euros, a razón de algo más de diez millones al año De este modo, el fallo de la sentencia abre la puerta a que los trabajadores que dedican parte de su tiempo al cuidado de menores tras su nacimiento o adopción durante las 16 semanas de duración del permiso de maternidad, puedan reclamar la devolución de lo que han abonado por el impuesto entre 2012 y 2016, como explican desde UGT.
En la provincia de León, la situación afecta amás de 10.000 contribuyentes que, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la Seguridad Social, han solicitado alguna prestación por paternidad o maternidad entre el 2012 y el pasado mes de septiembre, a la espera de que se hagan públicos los datos referentes al último trimestre del pasado año, que elevarán todavía más el número de personas que, en principio, tendrían derecho a la devolución.
Devolución de 3.135 de euros
A pesar de que el importe de la devolución varía en función de la renta de cada demandante, se estima que Hacienda tendría que desembolsar alrededor de 1.200 millones de euros a nivel nacional. En este sentido, según la Seguridad Social, desde el 2012 hasta septiembre de 2016 fueron 1,36 millones de personas los que los solicitaron la prestación. Con estos datos en la mano, Hacienda tendría que hacer frente a una devolución masiva en la provincia que le llevaría a abonar cerca de 13 millones de euros a los contribuyentes leoneses. De hecho, el gasto de la Seguridad Social en el periodo referido para cubrir las prestaciones ascendió a más de 50,8 millones de euros, a razón de algo más de diez millones al año.
Cabe recordar que, en virtud del fallo del TSJ atendiendo la solicitud de la demandante que ha abierto un camino esperanzador para cientos de miles de madres y padres, Hacienda tendrá que devolverle los 3.135 euros que le retuvieron a la litigante. No obstante, debido a la baja cuantía de la devolución, la sentencia es firme y no se contempla su recurso ante el Tribunal Supremo, aunque tampoco siente jurisprudencia. En este contexto, los servicios jurídicos de las organizaciones sindicales y los gabinetes privados hacen campaña en estos días para animar a los afectados a solicitar la devolución. Uno de los ganchos que utilizan para ello es que no cobrarán los servicios, ya que se prevé que Hacienda también será condenada en costas.