Izquierda Unida denuncia el recurso continuado del arrendamiento de locales a particulares y empresas por parte de la Administración General del Estado y de la Junta de Castilla y León en la ciudad de León, pese a la existencia de patrimonio público que podría rehabilitarse y destinarse a estos mismos usos.
Algunos datos concretos permiten dimensionar esta situación, aunque se trata solo de ejemplos y no de una relación exhaustiva, ya que existen más arrendamientos en vigor. El Estado abona anualmente 28.034,95 euros por la sede de MUFACE en la calle Santa Clara; 48.950 euros por la Unidad de Carreteras en la calle Legio VII; y 13.553,34 euros por el Servicio Jurídico del Estado en la Gran Vía de San Marcos. Por su parte, la Junta mantiene alquileres como el de la oficina del ECYL en la calle Ciudad de la Puebla, por 54.948,54 euros anuales; la Dirección Provincial del ECYL en la avenida Reyes Leoneses, por 72.804,84 euros; o el Centro de Salud del Crucero, por 32.798,64 euros al año. Situaciones que en muchos casos vienen desde hace décadas.
Estos importes evidencian un modelo de gestión basado en arrendamientos a particulares y empresas, cuando debería priorizarse la rehabilitación y puesta en uso de edificios públicos actualmente cerrados o infrautilizados. “El dinero público debe gestionarse con criterios de eficiencia y planificación a medio y largo plazo”, afirma Rubén Estévez, coordinador local de IU León. “No es razonable mantener durante años contratos de alquiler si existen alternativas en el propio patrimonio público que podrían adecuarse para prestar estos servicios”.
Además, desde la formación advierten de que en algunos de estos locales arrendados ni siquiera se garantizan plenamente las condiciones de accesibilidad universal para personas con discapacidad, lo que agrava la falta de planificación. “No solo hablamos de eficiencia económica, sino también de calidad del servicio público y de cumplimiento de los principios de accesibilidad e igualdad”, añade Estévez.
Izquierda Unida reclama un plan progresivo de reutilización del patrimonio público que permita reducir el recurso al alquiler y optimizar los recursos públicos. La gestión responsable del patrimonio común, concluyen, es una obligación institucional con la ciudadanía.