El Partido Popular de San Andrés del Rabanedo mostró su preocupación por la «situación de declive» que vive la Escuela Municipal de Música Ángel Barja, que ha visto mermados en «más de la mitad» el número de sus alumnos «debido a la inestabilidad en la impartición de la docencia de los diferentes instrumentos ante la falta de profesorado».
Este centro, que nació en 1993 y que llegó a ser un referente en formación musical en la provincia de León con cerca de 200 alumnos, «ha visto decaer el número de matriculados por debajo del centenar» cuándo supera los 30 años de historia. «Los padres están hartos de la inestabilidad del centro y este año muchos de ellos han decidido matricular a sus hijos en otras escuelas de alfoz dónde sí tienen asegurado que se impartan las diferentes disciplinas», explica la portavoz popular, Noelia Álvarez que señaló que los que han decidido quedarse en San Andrés han podido comprobar cómo la nula gestión de la Unión del Pueblo Leonés ha impedido la contratación de profesores de algunas especialidades que, a pesar de haber pagado la matricula en septiembre, aún no han empezado a impartirse. En este caso, Álvarez exige a la UPL que se proceda a la devolución de la cantidad correspondiente siempre que lo soliciten los padres.
La edil del PP resalta que cinco de los profesores de la Escuela de Música están afectados por el proceso de estabilización de la plantilla en San Andrés del Rabanedo, que incluye a un total de 101 trabajadores. «La Unión del Pueblo Leonés no ha hecho nada y ha dejado en el limbo todas estas plazas cuya tramitación no se ha movido desde hace meses», precisó la portavoz popular que mostró su preocupación por el futuro de estos trabajadores más allá del 31 de diciembre del 2025, cuándo todos los procesos deberían quedar resueltos. «En San Andrés eso será imposible gracias la UPL», indicó.
Para la edil popular, lo que está sucediendo con la Escuela de Música es «otra demostración más del retroceso que están sufriendo todos los servicios municipales desde que la UPL».
Llegó a gobernar en mayo de 2023. «Cuándo no es culpa del interventor, es culpa de la estabilización y cuándo no de la oposición. Pero nunca de ellos que son los que tienen el deber y obligación de gestionar para 30.000 ciudadanos», explicó.