Los delitos de odio son aquellos que se caracterizan por suponer acciones ilegales impulsadas por prejuicios e intolerancia hacia individuos con características o condiciones (reales o percibidas) distintas a las de quien los comete, como pueden ser la raza, la etnia, la nacionalidad, la orientación sexual, la identidad de género, las creencias religiosas o políticas o la discapacidad, entre otros aspectos reconocidos en el Código Penal.
Y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido el encargado de presentar el informe sobre la evolución de los delitos de odio durante el pasado año. En el caso concreto de la provincia de León, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron un total de 23 infracciones penales e incidentes de este tipo, lo que supone más de el doble que en 2022, cuando la estadística había contabilizado únicamente 10. Se observa por lo tanto un incremento es por tanto del 130%.
Es además el dato más elevado de la última década, que es precisamente el periodo temporal del que existen datos provincializados en esta serie estadística del Ministerio del Interior.
Cabe destacar además que los dos ámbitos que mayor número de delitos de odio concentraron durante el pasado año en la provincia de León son los denominados ‘racismo/xenofobia’ y ‘orientación sexual e identidad de género’. En cada uno de ellos se han contabilizado cinco infracciones penales.
La ideología se sitúa por detrás, con cuatro delitos de odio investigados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el pasado año en la provincia de León, mientras que en la lista figuran tres casos vinculados a la discriminación por razones de sexo o de género. La lista se completa con dos delitos de odio contra personas con discapacidad, uno por aporofobia (miedo y rechazo hacia las personas pobres) y otro por antigitanismo.
En comparación con el año 2022, es preciso poner de relieve el incremento de los delitos de odio vinculados al racismo y a la orientación sexual, puesto que entonces se había registrado un único caso en cada uno de estos ámbitos. Y también destaca la presencia de aporofobia y del antigitanismo, que en el informe de 2022 se habían mantenido con el contador a cero.
La estadística presentada este lunes por el ministro Grande-Marlaska refleja además que fueron doce las personas detenidas o investigadas en el marco de la lucha contra los delitos de odio durante el pasado año en la provincia de León, mientras que el número de hechos que finalmente fueron esclarecidos se situó en un total de 16.
Por otra parte, en el conjunto de Castilla y León, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron el pasado año un total de 115 infracciones penales e incidentes de odio, lo que supone un incremento del 79,6%. Finalmente, en España, el número de infracciones penales de este tipo se situó en 2.268, lo que representa un aumento del 21,3%.
Grande-Marlaska vincula la tendencia al alza a la mayor sensibilización social sobre estos delitos, que «es crucial para combatir la infradenuncia». «No solo la víctima es, en muchos casos, desconocedora de su propia situación, sino que, lamentablemente, en innumerables ocasiones son también los testigos quienes la normalizan», asegura el ministro.