Cuenta atrás para la huelga del CTR

No hubo avenencia en la reunión que mantuvieron ayer a instancias del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) los representantes de los trabajadores, la UTE Legio VII y Gersul –el Consorcio Provincial de Residuos–. El objetivo del Serla era evitar un conflicto laboral que la representación sindical de la plantilla considera "inminente", como explica el portavoz de los trabajadores, Antonio Nicolás. "La empresa está enrocada y no queda otro remedio que el conflicto", afirma Nicolás.

La cuenta atrás ya corre y si la UTE Legio VII y Gersul quieren evitar el parón de los empleados tendrán que encontrar una solución antes de que acabe el periodo de consultas que finaliza en diez días. Algo que parece improbable a tenor de la postura que, según Nicolás, mantiene la empresa.

En las asambleas celebradas por los 178 trabajadores de la empresa ha quedado claro que no aceptan el expediente de modificación sustancial de las condiciones laborales propuesto por la UTE y ligado al cierre de las plantas de transferencia de residuos de Trobajo del Cerecedo y de Santo Tomás de las Ollas, en el alfoz de Ponferrada. El cierre implicaría también recolocaciones y aumentos de las jornadas laborales, además de afectar también a las condiciones salariales.

Decisiones que la concesionaria ha tomado de "manera unilateral", ya que, según la representación de los trabajadores de acuerdo con lo expresado ayer en la reunión, tampoco comparte Gersul, a quien la UTE parece haber dejado al margen, a pesar de ser el titular de las instalaciones "financiadas con dinero público".

Los representantes de los trabajadores ya están elaborando un informe técnico sobre la documentación entregada por la dirección de la UTE que "se escuda en una deuda que, por otra parte, no se ajusta a la reconocida por el propio consorcio".

"La UTE ha tirado por la calle del medio, perjudicando a unos y a otros", critica Nicolás, que recuerda que no se trata de una empresa "de producción, sino de servicio" y que ya se está aplicando un canon por tonelada "para salvar la explotación y la inversión".

Sin embargo, el temor de las partes es que la UTE se "aproveche" de la deuda para "arrancar" una subida de tasas, teniendo en cuenta el momento actual en el que se encuentran las instituciones, a mes y medio de las elecciones.