La Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora ha vuelto a alzar la voz por el conflicto del coste energético de Villalobar y asegura que las decisiones tomadas por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y ratificadas por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León (TEAR) «condenan al Páramo Bajo a la ruina».
Así lo afirma en un comunicado el presidente de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes, Herminio Medina, que critica que «ambas instituciones están quebrando un compromiso histórico que permitió el nacimiento y desarrollo del regadío en 37 pueblos y que ha sostenido durante décadas la economía de toda una comarca».
«En 1995, el presidente de la CHD, Don José María de la Guía, con respaldo del entonces Secretario de Estado para las políticas del agua y el medio ambiente y del entonces director de Obras Hidráulicas, estableció formalmente mediante resolución expresa que los agricultores no asumirían los costes de la energía y del mantenimiento de la elevación de Villalobar», recuerda, a la par que añade que «la CHD se comprometió a cubrir esos gastos con los ingresos procedentes de la explotación del Salto Hidroeléctrico de Sahechores». Un acuerdo que fue la base sobre la que se creó y organizó la Comunidad de Regantes, ya que «no era un favor, sino la condición indispensable que permitió sustituir el fallido proyecto del Pantano de las Omañas y garantizar así agua suficiente para transformar el territorio». Los regantes no quisieron en principio la elevación, pero se les presentó como «eso o nada» y se vieron obligados a aceptarla.
«Si a la Comunidad de Regantes se nos hubiera exigido aceptar el pago de dos elevaciones, nunca habríamos constituido la comunidad», indica Medina, que cree que «es más que una coincidencia» que justo al terminar la modernización de las 24.200 hectáreas, con un endeudamiento de más de 40 millones de euros para la modernización, además de las inversiones necesarias de los regantes para poder regar con las nuevas infraestructuras, sea cuando les aplican este «desastre» económico.
La CHD «rompe las reglas»
El presidente remarca que «nueve presidentes anteriores de CHD han dado plena validez a esa resolución, y ahora viene esta señora, la nueva presidenta, María Jesús Lafuente, quien ha ocupado un cargo municipal y no tiene experiencia en regar ni en elevar agua y nos cambia las reglas del juego a mitad de la partida», puesto que «en 2023 firmó las tarifas de esta comunidad cumpliendo el compromiso y en el 2024 rompe las reglas».
«Exigir ahora que asumamos ese coste no sólo sería injusto, quebraría el compromiso político inicial, socavaría la viabilidad económica de toda la zona regable y cargaría arbitrariamente sobre los agricultores una deuda generada por decisiones externas y caprichosas», critica.
La propia CHD reconoce que ese criterio contemplado en la resolución de 1995 se aplicó sin discusión durante casi treinta años. Sin embargo, en 2023 decidió romper unilateralmente ese marco, justo cuando la gestión centralizada de la energía generada por Salto Hidroeléctrico de Sahechores provocó una desviación económica descomunal, el coste de bombeo y energía se disparó. En particular, aunque en 2021 el gasto fue de aproximadamente 2,5 millones de euros, y en 2022 ascendió hasta 12 millones de euros, en 2023 volvió a bajar a cerca de 2,5 millones.
Tarifa «inasumible»
El resultado ha sido un incremento de la Tarifa de Utilización del Agua del 173%, una cifra «inasumible» para cualquier explotación y ajena por completo al consumo o a la gestión de los regantes. La resolución del TEAR del 4 de diciembre tampoco corrige esta «injusticia», de hecho, la consolida. «Acepta sin análisis el cambio de criterio, ignora la resolución de 1995, desoye treinta años de aplicación pacífica del modelo y deja sin respuesta las contradicciones internas de la propia CHD», reprocha Medina.
«Todo ello provoca un daño directo al territorio, se pone en riesgo la amortización de las infraestructuras modernizadas, se compromete el futuro de cientos de familias agrícolas y se amenaza el tejido económico de 37 municipios que dependen del agua para sobrevivir», agrega.
A la vía judicial... ¿y a la calle?
La Comunidad también confirma que interpondrá recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo Central y acudirá, si es necesario, a la vía judicial. «No vamos a permitir que los agricultores paguen los errores de otros», señala Medina.
«El Páramo Bajo no pide privilegios. Reclama que se respeten los compromisos que hicieron posible su existencia y que no se condene al territorio a asumir un coste que nunca le correspondió. La defensa del regadío no es solo una cuestión económica, es la defensa de la vida en los pueblos, del empleo agrario y del futuro de una comarca entera», remarca en su comunicado.
Por todo ello, la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora ha convocado asambleas informativas para explicar a los regantes y propietarios afectados el alcance y las consecuencias que esta situación puede tener sobre la continuidad de la actividad agraria y de la propia comunidad. Ambos encuentros tendrán lugar este jueves 11 de diciembre y, el primer de ellos, será a las 12:00 horas en la Casa de Cultura de Laguna de Negrillos y, el segundo, a las 17:00 horas en el Pabellón de Roperuelos del Páramo donde estudiarán también si salir a las calles a llevar su protesta.
«La presidenta de la CHD debe dar la cara y explicar públicamente por qué rompe un compromiso que ha sostenido al Páramo Bajo durante 30 años», concluye Herminio Medina en su comunicado, en el que a par enfatiza: «Como presidente la invito a un debate público con ella, delante de los regantes y de la sociedad, para que se expliquen las razones de este cambio de criterio y sus consecuencias reales sobre el futuro del Páramo Bajo».