La ciudad de Astorga acogió este jueves, por primera vez, el Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León, en una sesión que ha servido, entre otras cosas, para dar luz verde al proyecto de Plan Anual de Fiscalizaciones para el ejercicio 2024, que plantea 29 nuevos informes y al que se suman las 27 auditorías de planes anteriores ya en marcha, totalizando un total de 56 fiscalizaciones en las que trabajará el órgano de control externo autonómico. Un Plan que, según ha trasladado el presidente de este organismo, Mario Amilivia, ofrece especial atención al gasto social, el endeudamiento de la Comunidad, la seguridad informática y las mancomunidades de municipios. La propuesta ha sido trasladada al Parlamento autonómico para su aprobación.
En lo que respecta a las fiscalizaciones en el ámbito provincial, de las 24 que hay, 11 son nuevas, y el resto ya en elaboración. En esta línea, mencionar que se recogen los informes de seguimiento de recomendaciones y actualización de la situación de la seguridad informática de los ayuntamientos de Astorga, La Bañeza y Villaquilambre, respectivamente; la fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, del Consejo Comarcal de El Bierzo y del Ayuntamiento de Ponferrada, respectivamente; los análisis del nivel de prestación y asistencia de la Diputación de León y del Consejo Comarcal de El Bierzo a los pequeños municipios o la fiscalización de la gestión del personal de la Universidad de León, un trabajo que incluye al resto de las Universidades Públicas de la Comunidad Autónoma.
Astorga
Asimismo, dentro del actual mandato del Consejo, especial mención merecen cinco informes que han prestado atención al Ayuntamiento de la capital maragata. Estos son, comenzando por los más recientes, el relativo al impacto en la situación económico-financiera del Sector Público Local de la suspensión de las reglas fiscales, ejercicios 2018-2021 y el que analiza el impacto en la situación económico-financiera del Sector Público Local de las reformas impulsadas por el Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, ejercicios 2017-2022.
Por otra parte, en 2021 se aprobó la fiscalización de la implantación y gestión de la administración electrónica en las entidades locales de Castilla y León, en coordinación con el Tribunal de Cuentas. Ese mismo año se aprobó también el análisis de la seguridad informática del Consistorio y de las 11 recomendaciones que se realizaron, todas aceptadas. De esta manera, el quinto informe fue la fiscalización de las actuaciones en materia medioambiental llevadas a cabo por los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes de la Comunidad Autónoma, en colaboración con el Tribunal de Cuentas.
En cuanto a la rendición de cuentas del Ayuntamiento astorgano, Amilivia también ha aludido a que «viene cumpliendo anualmente con esta obligación legal, al igual que las cuatro entidades locales menores del municipio: Castrillo de los Polvazares, Murias de Rechivaldo, Santa Catalina de Somoza y Valdeviejas».
Con relación al resultado presupuestario del Ayuntamiento en 2021, tal y como se ha recogido en esta sesión, éste ascendió a 3,9 millones de euros con unos ingresos liquidados de 12,3 millones y gastos por importe de 8,4 millones. Su remanente de tesorería para gastos generales se cifró en 2,7 millones de euros en 2021. Por otro lado, su deuda descendió de 2,3 millones en 2018 a 925.795 euros en el citado ejercicio.
Varios corporativos astorganos, capitaneados por el alcalde, José Luis Nieto, recibieron al Pleno del Consejo en el Ayuntamiento en la mañana de este jueves, además de al presidente Mario Amilivia, los consejeros Emilio Melero y Miguel Ángel Jiménez, y el secretario Andrés Pérez-Moneo, al secretario general de apoyo a las Instituciones Propias, Santiago Salazar, y por quien viene ejerciendo las funciones de Dirección de Fiscalización del Consejo, Eduardo Cubero.