La Audiencia Provincial de León ha dictado sentencia firme condenando después de siete años a la residencia Clece Vitam Otazú por su responsabilidad civil en el fallecimiento de un residente de 88 años con alzhéimer avanzado, ocurrido el 15 de enero de 2019, apenas tres horas después de su ingreso en el centro, tras precipitarse al vacío por la ventana de la quinta planta.
Esta resolución judicial pone fin a un "largo y tortuoso" recorrido por los tribunales, marcado por "archivos prematuros, falta de diligencia investigadora" desde el juzgado de Instrucción número 4 y resoluciones posteriormente revocadas, según han informado fuentes de la acusación particular.
La Audiencia Provincial de León "corrige" de este modo ahora de forma contundente a la primera instancia, al reconocer la negligencia del centro y condena a la residencia al pago de las costas judiciales.
Los hechos se produjeron la tarde del 15 de enero de 2019. El residente, diagnosticado de alzhéimer avanzado, dato conocido y documentado a la residencia según las mismas fuentes, fue dejado solo en un estado de agitación, sin las medidas de seguridad básicas exigibles para pacientes con grave deterioro cognitivo.
Una ventana sin bloqueo permitió que saliera al exterior y se precipitara desde la quinta planta. Testigos presenciales ajenos a la residencia descartaron que se tratara de un suicidio, pese a que esa fue la versión inicialmente sostenida por la empresa gestora, ha explicado el despacho de abogados encargado del caso.
Durante la instrucción penal el caso fue archivado "sin que se practicaran diligencias esenciales" como la toma de declaración a los empleados implicados o el análisis de las grabaciones de seguridad, que "nunca llegaron a incorporarse al procedimiento". "No fue hasta que la familia acudió reiteradamente a la Audiencia Provincial cuando se forzó la reapertura parcial del caso, aunque finalmente la vía penal quedó cerrada sin responsabilidades", ha agregado.
"Una victoria amarga"
"Es una victoria amarga, porque nadie nos va a devolver la vida de mi padre, pero esta sentencia reconoce por fin la responsabilidad de la residencia y puede servir para proteger a otras familias", ha señalado Marcos Fernández, hijo del fallecido.
Al mismo tiempo, Fernández ha apuntado que el objetivo de los familiares de la víctima siempre ha sido que se conozca que hubo una negligencia grave a pesar de los intentos de cerrar el caso "sin investigar" y que "no vuelva a repetirse" un caso similar.
La propiedad de la residencia correspondía entonces a Clece Vitam, empresa vinculada al grupo ACS, aunque actualmente solo se ocupa de la gestión, ya que la propiedad ha pasado a manos de un fondo de inversión.
"Siete años de desgaste, sufrimiento y silencio"
Los familiares de la víctima han subrayado que este caso "no es una excepción", sino "un ejemplo" de los riesgos que asumen miles de familias al confiar el cuidado de personas vulnerables a centros donde los protocolos "no siempre se cumplen". "Esto no va de revancha ni de dinero", ha precisado Fernández, que ha añadido que la cuestión se basa en criterios de responsabilidad, transparencia y con el objetivo de que "ninguna otra familia tenga que pasar por siete años de silencio, desgaste y sufrimiento para que se reconozca una verdad evidente".
En este contexto, la familia ha realizado un llamamiento a las administraciones públicas para reforzar los controles, la supervisión y la rendición de cuentas en las residencias de mayores, especialmente aquellas que atienden a personas con deterioro cognitivo severo. Por último, ha querido agradecer a su abogada en este "largo proceso", Carmen Serrado, su "buen trabajo e implicación más allá de lo que le tocaba".