¿Cómo acabar con las pintadas callejeras en León? El interrogante que encabeza esta información se ha puesto sobre la mesa en innumerables ocasiones sin que las respuestas hayan servido para solventar una problemática en la que acaba de poner el foco el Procurador del Común de Castilla y León mediante una resolución de oficio que está dirigida a todos los municipios de más de 20.000 habitantes que hay en la comunidad.
Tras recibir la respuesta de casi todos ellos (sólo se han quedado atrás los de San Andrés del Rabanedo y Medina del Campo, por lo que han pasado a engrosar la lista de entidades no colaboradoras), la institución que actualmente dirige Tomás Quintana concluye que las pintadas suponen un quebradero de cabeza generalizado para las autoridades locales, que cada vez emplean más medios materiales y humanos a la hora de evitarlas o de limpiarlas una vez que se han producido daños en inmuebles, espacios públicos y mobiliario urbano.
Esto genera «gravosas» consecuencias tanto para los ayuntamientos como para los particulares a raíz del «elevado coste» que supone la limpieza de los bienes agredidos por los autores de las pintadas. «Luchar contra este tipo de conductas y evitar que proliferen requiere intervenciones de limpieza viaria, pero también iniciativas que estén dirigidas a la concienciación social o a la prevención y disuasión, además de las correspondientes medidas punitivas o sancionadoras», establece la resolución del Procurador del Común.
En este sentido, los municipios cuentan con medios específicos y especializados que se dedican a tareas de limpieza y retirada de pintadas, aunque sólo en algunos casos se actúa diariamente. En general, se interviene a demanda de los ciudadanos o cuando se realizan planes de choque en las zonas más deterioradas por este tipo de actos vandálicos.
Además, las ordenanzas municipales prohíben las pintadas como primera medida de prevención de las mismas, aunque la resolución del defensor del pueblo en el ámbito autonómico pone de manifiesto que «esto no se traduce en la tramitación de los correspondientes expedientes sancionadores, cuyo número resulta muy bajo en la mayoría de los municipios consultados y, en algunos casos, inexistente».
Quintana reconoce los esfuerzos de las entidades locales a la hora de evitar este tipo de conductas, pero al mismo tiempo deja claro que «no resultan suficientes». «Parecen evidentes las dificultades a las que se enfrentan los servicios municipales para poner freno a este tipo de conductas pese a causar una evidente degradación en los bienes públicos y privados y perjudicar a sus titulares, además de contribuir a ofrecer una imagen deteriorada y antiestética de la ciudad. Una y otra vez, los particulares afectados y también la administración deben volver a reparar daños en zonas que previamente habían sido limpiadas, lo que provoca unos gastos que resultan cuantiosos para los presupuestos públicos y para las economías familiares que, como titulares de los inmuebles afectados, tienen dificultades a la hora de poder asumir las labores de adecentamiento de paredes, cierres o fachadas cada vez que se produzcan estos ataques», explica la resolución.
En definitiva, el Procurador del Común considera que la simple previsión normativa no sirve para frenar la realización de pintadas y por eso ve con buenos ojos que se realicen planes de actuación específicos o de choque que se centren principalmente –aunque no de forma exclusiva– en zonas históricas o comerciales de las ciudades, que suelen ser las más deterioradas a raíz del incívico uso de los aerosoles de pintura.
Además, la resolución establece que se debe elaborar un inventario que incluya estos puntos más afectados por las pintadas con el fin de agilizar las tareas de limpieza, ya que «la tardanza en la respuesta administrativa ante este tipo de conductas genera en ocasiones un efecto llamada hacia los espacios previamente agredidos». «También debemos recomendar una mejor planificación de las actuaciones por parte de la Policía Local a la hora de prevenir este tipo de incidentes y localizar e identificar a los autores, incluyendo en su programación ordinaria actuaciones de vigilancia y prevención que deben ser más intensas en los lugares en los que se reitera la aparición de pintadas.
La reacción de los poderes públicos ante el quebrantamiento de las normas de convivencia es también una responsabilidad de las autoridades locales, que deben aplicar el régimen correctivo y sancionador previsto para supuestos lesivos y dañosos, incrementando las labores de investigación para hallar a los responsables, así como las cuantías de las sanciones previstas si resultara necesario», agrega Quintana antes de proponer otras medidas como los sistemas de vigilancia específicos en determinados itinerarios urbanos o las mejoras en los sistemas de iluminación.
Por lo tanto, la estrategia no debe pasar sólo por limpiar las pintadas en un plazo razonable para evitar el efecto llamada, sino también actuar para intentar que no se vuelvan a producir. «Ello implica avanzar en labores de concienciación social, reforzando la implicación de la ciudadanía, a la que debe facilitarse información sobre la ordenanza municipal, las medidas sancionadoras adoptadas y todos los medios que se emplean a la hora de frenar este tipo de comportamientos, así como dar cuenta del coste que supone hacer frente a los mismos, lo que ha de reforzar la confianza en la gestión municipal», agrega el Procurador del Común.
Finalmente, la resolución propone a los municipios que faciliten la existencia de espacios habilitados para la expresión de este tipo de arte urbano mediante la colaboración con los particulares en la captación de muros y otro tipo de soportes que resulten adecuados (cierres comerciales, puertas de garaje...) para ser decorados con murales o grafitis bajo control de las entidades locales. «El fomento de este tipo de actividades (y otras como cursos o talleres) puede resultar eficaz para la recuperación y adecentamiento de espacios degradados y para el fomento de valores cívicos entre los jóvenes. La habilitación de espacios concretos para este tipo de expresiones no evitará por completo los comportamientos vandálicos, pero puede contribuir a ello y a la larga resultará más económica que las tareas reiteradas de limpieza de los muros, mobiliario urbano y puertas en las ciudades», concluye Quintana.
Como se mencionaba al inicio, el Procurador del Común llega a todas estas conclusiones tras recibir los informes de los municipios de más de 20.000 habitantes que hay en la comunidad. En el caso del emitido por el Ayuntamiento de León, se acepta la resolución emitida por el defensor del pueblo en el ámbito autonómico a través de un decreto rubricado por el concejal de Modernización y Servicio de Limpieza y Residuos, Jon Ander Fernández.
El texto defiende que las propuestas del Procurador del Común coinciden con los criterios aplicados por el equipo de gobierno a la hora de atajar la problemáticas de las pintadas, por lo que su aplicación «puede contribuir a la mejora de la limpieza y ornato de la vía pública». «En la medida en que ello sea posible, se procurará atender a sus consideraciones, especialmente incrementando la vigilancia policial, realizando –como se ha hecho en otras ocasiones– planes de choque y fomentando actuaciones de muralismo o grafiti autorizado para contribuir a la rehabilitación de espacios degradados», agrega el decreto del Ayuntamiento de León.
Además, en cuanto a los medios materiales y humanos, detalla que el Servicio de Limpieza y Residuos cuenta con tres equipos móviles de hidrolimpieza, dos de ellos equipados también con arenadores que se usan en fachadas y mobiliario urbano para atajar tanto la suciedad corriente como las pintadas. Estos equipos de hidrolimpieza (agua a presión caliente o fría) se utilizan en combinación con disolventes y decapantes que atacan la pintura y no dañan la superficie pintada. En el caso de los arenadores, permiten proyectar áridos a gran velocidad sobre las superficies a limpiar, arrancando la pintura y respetando al mismo tiempo –por su menor dureza– la superficie a tratar.
La capital cuenta con tres equipos de hidrolimpieza y dos arenadores, además de un grupo de cristaleros
Además de estos equipos, el Servicio de Limpieza y Residuos cuenta con varios cristaleros que pueden tratar superficies pulidas, como el vidrio y la piedra, usando rasquetas y detergentes específicos. «Si la superficie vandalizada está pintada (fachada de algunas viviendas o determinados tipos de mobiliario urbano), estos métodos atacarían al acabado del propio bien igual que al grafiti, por lo que en esos casos concretos se procede a pintar sobre el mismo para su eliminación», explica el informe remitido desde el Ayuntamiento de León al Procurador del Común.
Por último, en pintadas que se realizan sobre piedra natural porosa o cuando se usan cierto tipo de ácidos sobre superficies pulidas como acero, mármol o cristal, sólo queda sustituir la pieza dañada por otra nueva.
En cuanto al plan de acción, el equipo de gobierno reconoce que no existe uno específico «ante la imposibilidad de retirar todas las pintadas de la ciudad». En todo caso, asegura que se da prioridad a lugares emblemáticos como el recorrido que el Camino de Santiago a su paso por la ciudad o el casco antiguo, especialmente de forma previa a festividades como la Semana Santa. «Esta prioridad viene dada por el mayor uso de estos lugares por parte de vecinos y visitantes.
También se considera prioritaria la eliminación en toda la ciudad de grafitis con mensajes de odio, apología de violencia o similar carácter», agrega el concejal de Modernización y Servicio de Limpieza y Residuos.
A ello se le suma la habitual vigilancia llevada a cabo por la Policía Local. En este sentido, el decreto recuerda que recientemente se ha localizado a un total de nueve personas realizando pintadas o pegando o pegando pegatinas, lo que ha derivado en las correspondientes sanciones. El muro del colegio de los Jesuitas, el parque de La Granja, la plaza de Santa Ana, San Marcelo (en un vehículo corporativo), los depósitos de agua y Ordoño II (pegatinas en señalización) han sido las ubicaciones en las que los agentes han llevado a cabo estas intervenciones ante actos vandálicos.
La ordenanza municipal
Es preciso recordar finalmente que la ordenanza municipalprohíbe efectuar pintadas en la vía pública con la excepción de las que tengan carácter artístico y cuenten con autorización del Ayuntamiento para actuar en paredes medianeras vistas o vallas de solares. Además, la normativa establece que será la entidad local la encargada de la limpieza de las pintadas en los edificios públicos. A mayores, el Ayuntamiento podrá efectuar la limpieza de pintadas en inmuebles privados a requerimiento de los propietarios y previo abono del precio público establecido.
Al margen de las sanciones que procedan por incumplimiento de la ordenanza, el Ayuntamiento podrá realizar los trabajos de limpieza que no ejecuten los propietarios de los edificios que sufran las pintadas y repercutirles posteriormente los costes. «En el supuesto de pintadas en edificios con especial catalogación o cuyo contenido pueda ser o gravemente ofensivo para la generalidad de la población, el Ayuntamiento procederá subsidiariamente a su limpieza a la mayor brevedad posible», concluye la ordenanza municipal.