El sindicato provincial de Enseñanza de CCOO León y la Sección Sindical de CCOO de la ULE insisten en denunciar la infrafinanciación de la Junta de Castilla y León a la Universidad de León y al conjunto de las universidades públicas autonómicas. Responden así a las declaraciones de Carlos Fernández Carriedo, portavoz del gobierno autonómico, donde negaba dicha infrafinanciación.
Víctor Bejega García, Secretario General de CCOO Enseñanza, sostiene que “Carriedo retuerce los números y realiza ejercicios de prestidigitación para ocultar una realidad incómoda, que es la infrafinanciación crónica de la universidad pública en Castilla y León y la asfixia financiera a la que somete a la Universidad de León. Pero los trucos de magia matemáticos tienen poco recorrido”.
Para CCOO, los datos son claros y demoledores. Entre los años 2021 y 2025, la financiación basal recibida por la ULE pasó de 63,5 a 78,6 millones de euros, lo que supone un incremento de 15 millones de euros y un crecimiento relativo del 23,65%. La estimación del 28,6% alegado por Carriedo supondría una financiación basal a la ULE de 81,7 millones de euros en 2026. En el total de las universidades públicas de CyL, la cifra de financiación basal pasó de los 387 millones de euros a los 481 millones.
Sin embargo, este incremento se produce exclusivamente por el aumento total del presupuesto de la Junta y no porque responda a un mayor esfuerzo financiero. Si en 2021 representaba el 0,66% del PIB, en 2025 se redujo al 0,65% del PIB. Es decir, que pese a que entre 2021 y 2025 el PIB se incrementó un 27,6% y el presupuesto global de la Junta en un 22,7%, el porcentaje asignado a las universidades públicas de CyL se mantiene estancado e incluso desciende.
Desde CCOO denuncian que, con los datos disponibles de 2026, la situación empeora aún al reducir al 0,64% el porcentaje del PIB destinado a la financiación de las universidades públicas de CyL, aumentando así la brecha de financiación.
CCOO recuerda que la LOSU establece que las las Administraciones Públicas dotarán a las universidades de los recursos económicos necesarios para garantizar la suficiencia financiera que les permita dar cumplimiento a lo establecido en esta ley orgánica y asegurar la consecución de los objetivos en ella previstos, fijando el mínimo del 1% del PIB para 2030. Un objetivo que busca acercarse a la media europea de financiación universitaria, que en 2024 era del 1,2% del PIB.
Según CCOO, aplicando cualquiera de los criterios mínimos, la brecha de financiación es evidente. Teniendo en cuenta el 1% del PIB que marca la LOSU, la ULE debería recibir una financiación basal de más de 126 millones de euros, lo que supone una brecha de casi 48 millones de euros respecto a la financiación recibida. Si se tienen en cuenta las necesidades básicas y de equiparación a la media de la UE, la ULE debería recibir alrededor de 100 millones de euros, lo que supone una brecha de más de 20 millones de euros anuales.
Para Bejega, “estos datos demuestran, no sólo la existencia de esa infrafinanciación y el incumplimiento de la LOSU por parte de la Junta, sino también la asfixia financiera planificada y continuada. Una situación que está bloqueando la negociación de convenios de PDI Laboral y PTGAS Laboral, además de generar un contexto crítico que recae en un empeoramiento sistemático de las condiciones laborales y salariales de las y los trabajadores de la ULE y en una amenaza a la propia Universidad Pública”.
Desde CCOO exigen a la Junta de Castilla y León que ponga fin de inmediato a esta asfixia financiera y cumpla la LOSU, dotando a la Universidad de León de los recursos basales necesarios y con una programación plurianual que garantice una financiación estructural basal suficiente para prestar un servicio público y de calidad, cubriendo las necesidades plurianuales de gastos de personal, e incluyendo los planes plurianuales de estabilización, los gastos corrientes en bienes y servicios e inversiones reales.
Finalmente recuerdan que “estas exigencias deberían realizarse claramente desde el equipo rectoral de la ULE y confrontar antes de aplicar de forma cómplice un Plan de Recortes que perjudica a las y los trabajadores que no son culpables de esta situación”.
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