Castilla y León albergará en febrero la cumbre del carbón con Asturias y Aragón

Castilla y León albergará en la segunda quincena de febrero la cumbre que protagonizarán los presidentes de la Junta, Juan Vicente Herrera, y sus homólogos de Asturias, Javier Fernández, y Aragón, Javier Lambán, para abordar el futuro del carbón y de las centrales térmicas, según confirmó al término del Consejo de Gobierno la portavoz del Ejecutivo autonómico y consejera de Agricultura y Ganadería, Pilar del Olmo.

La cita, que comunicó este miércoles el Gobierno del Principado de Asturias, reunirá en la comunidad a representantes de las tres autonomías para abordar cuestiones energéticas comunes y forjar un frente común para hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta la producción de carbón este año, con el fin del periodo de ayudas públicas para explotaciones deficitarias, y el cierre anunciado de las térmicas de Velilla del Río Carrión (Palencia) y Lada, en territorio asturiano.

Los gobiernos de Asturias, Castilla y León y Aragón, según apuntó este miércoles el Principado, comparten criterios básicos respecto a la transición energética y la minería. La reunión de los presidentes está pensada para acordar un planteamiento conjunto que será trasladado al Ejecutivo estatal y las instancias de la Unión Europea (UE).

Igualmente, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, que había comparecido para presentar la Estrategia de Eficiencia Energética, destacó que la Junta participa “muchas semanas” en actividades vinculadas con la energía y trabaja para defender el carbón, un mineral que defendió como fuente para producir energía, aunque abogó por reducir el consumo general de la Comunidad y la emisiones de CO2.

Este año podría ser un ejercicio decisivo para las explotaciones mineras, ya que la normativa europea obliga a que cierren todas las explotaciones deficitarias. Bruselas impone, además, otra condición que dificulta la supervivencia del sector: las empresas rentables están obligadas a devolver las ayudas que hayan recibido. Para evitar que esta decisión aboque al cierre a las compañías que puedan continuar su actividad, Castilla y León solicitó más flexibilidad a las autoridades comunitarias a la hora de proceder al reintegro de los fondos.