Así se desprende de los datos facilitados por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, que presentó este jueves en Burgos la memoria anual de actividades y funcionamiento de este órgano durante el pasado ejercicio.
En todo caso, cabe señalar que se trata únicamente de una estimación, puesto que todavía no se ha completado la recepción de todos los informes sobre juicios suspendidos, fechas de señalamientos y medidas de refuerzo necesarias para poder evaluar el estado actual de la situación de cada órgano judicial.
Sí que se conoce en primer lugar el informe elaborado por el juez decano de León, Pablo Arraiza, que cifra en un total de 1.405 los juicios suspendidos como consecuencia de la huelga de los letrados de la administración de justicia. Concretamente, el Juzgado de lo Social número 2 ha sido el más afectado, ya que ha registrado 318 suspensiones. Estas vistas orales se encuentran ya señaladas de nuevo y –en el caso del partido judicial de León– la fecha más tardía en las agendas de los diferentes órganos se sitúa el 26 de octubre (Juzgado de Instrucción número 1).
Mientras, en el caso de Ponferrada, el informe del juez decano, Óscar Hernáiz, refleja que han sido 527 los procesos suspendidos con Instrucción 3 con el órgano más afectado (89). Mientras, los nuevos señalamientos para poder celebrar estos juicios se postergan en el partido judicial de Ponferrada hasta febrero e incluso hasta mayo del próximo año. Esta última fecha sería la correspondiente al Juzgado de lo Penal.
En cualquier caso, el presidente del TSJ destacó además que «a la fecha de los informes remitidos hasta el momento desde diferentes partidos judiciales de Castilla y León se desconocía en muchos casos el número de asuntos pendientes de entrada (es decir, asuntos no repartidos con motivo de la huelga) y en otros ese número (como ocurre por ejemplo en la jurisdicción Civil, es ciertamente elevado, lo que sugiere que esas fechas en las agendas se verán rápidamente superadas de modo que los señalamientos en breve se situarán en el año 2024 en todas las jurisdicciones». «Es por lo anterior que los magistrados y jueces de este territorio, en su mayoría, no han solicitado medidas de refuerzo más allá de solicitar en algún caso prolongaciones de jornada de los funcionarios o reservar la posibilidad de solicitar medidas de refuerzo en el momento en que se conozca el número de asuntos de nueva entrada conforme se vaya retomando la actividad ordinaria», explicó.
En relación con la huelga indefinida de funcionarios de la administración de justicia que ha comenzado esta semana y conllevará nuevas suspensiones de vistas y trámites en los órganos judiciales, Concepción indicó que «será necesario evaluar nuevamente la situación, puesto que el informe remitido al Consejo General del Poder Judicial es una «fotografía fija» de un momento determinado que se ha visto superado por otra huelga que puede provocar el «colapso de la justicia». «Reclamamos por tanto al Gobierno la inmediata solución de este nuevo conflicto para que los ciudadanos y los profesionales del derecho no se vean afectados en sus legítimas expectativas», aseveró.
Asimismo, el presidente del TSJ defendió que «todas las protestas que se formulen en el ámbito de la justicia son pocas» porque «tanto los jueces como todos los funcionarios están padeciendo unas condiciones de trabajo interiores al resto de la administración». «No solamente hablamos de emolumentos retributivos sino de condiciones de trabajo, por lo que pedimos desde hace muchos años unas condiciones de trabajo y unos instrumentos materiales y personales que sean suficientes, al menos, para desarrollar el trabajo que tenemos».
Nuevas reivindicaciones
Otro de los ejes de la comparecencia del presidente del TSJ se centró en la recuperación de la actividad de los órganos judiciales tras la situación excepcional vivida en los años 2020 y 2021 como consecuencia de la pandemia y que incluso se ha producido un incremento de asuntos ingresados y resueltos con respecto a 2019. «Esto es muy significativo y apunta a la carga de trabajo ingente que soportan nuestros órganos judiciales», apunto Concepción antes de recordar que el propio Servicio de Inspección del CGPJ ha venido aconsejando la creación de una serie de plazas judiciales en el territorio, algo que no ha sido atendido por el Ministerio de Justicia en los términos solicitados.
Así, consideró que el Gobierno ha atendido «de manera muy poco significativa» estas peticiones. Concretamente, el Real Decreto 954/2022 de 15 de noviembre acordaba la creación de 70 unidades judiciales correspondientes a la programación de 2022. Entre ellas, se preveía la dotación de una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial de León en materia Civil con conocimiento en materia de lo Mercantil.
A esto se sumaban el Juzgado de lo Social 2 de Segovia, que no ha entrado en funcionamiento por estar pendiente de un nuevo edificio judicial y el Juzgado de lo Social 3 de Salamanca, que tampoco ha entrado en funcionamiento por razones de espacio.
En cualquier caso, Concepción considera «insuficientes» estas nuevas unidades y demanda –en el caso concreto de la provincia de León– un nuevo Juzgado de Primera Instancia en León, un Juzgado de Familia en Ponferrada y un Juzgado de Violencia contra la Mujer que funcione de manera exclusiva en León, ya que actualmente comparte funciones con Instrucción 4.
Ley del ‘sólo sí es sí’
En otro orden de cosas, el presidente del TSJ intuyó durante su comparecencia ante la prensa para presentar la memoria del pasado ejercicio que la reforma de la ley del ‘sólo sí es sí’ aprobada en el Congreso de los Diputados abocará a «nuevas revisiones» y «a un mayor trabajo para adecuar nuevamente la penología que contenga».