El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, defendió hoy que la Junta de Castilla y León “aplica la ley” en lo que se refiere a la autorización de proyectos de extracción minera en zonas afectadas por incendios forestales; y enumeró aquellas que toman forma en esta materia, como la Ley de Montes vigente en España, la Ley de Minas, que data de 1973, y un Real Decreto sobre minería, además de la “reciente” Ley de Cambio Climático, “todas ellas estatales y competencia exclusiva del Estado sobre bases de régimen minero y energético”.
Durante la sesión plenaria de este martes en las Cortes de Castilla y León, Carriedo contestó a una pregunta oral formulada por el procurador de Vox, José Antonio Palomo, quien mencionó los “rumores” que surgen sobre “proyectos mineros que antes parecían imposibles” después de que el “fuego arrasa miles de hectáreas”. “La gente habla. No ignoramos lo que piensan en estas zonas y el fuego abre caminos insospechados”, comentó el procurador, quien aseguró necesitar la “certeza de que un incendio no se convertirá en facilitador administrativo para eliminar árboles y sin protestas de por medio”.
A su juicio, “hace años que se escucha cómo se criminaliza y demoniza la minería”; y “ahora se pasará de la prohibición a la agilidad administrativa”. “Queremos transparencia sobre los criterios que se aplicarán. Castilla y León no puede ser territorio donde se da paso a proyectos mineros que nada tienen que ver con el medio rural. Que no se gestionen al dictado de los que no viven en él”, resumió.
Carriedo, por su parte, sostuvo que “todos los proyectos mineros requieren una serie de informes adicionales, sometimiento de declaración de impacto ambiental, el impacto a la Red Natura, la autorización de uso excepcional de suelo rústico y autorizaciones, como las de las confederaciones hidrográficas. Nosotros solo aplicamos una normativa minera”, dijo.