Careo entre edil y funcionaria por el caso de los contratos de la Feria Multisectorial de San Andrés

El Juzgado de Instrucción número 5 de León ha citado para el próximo 26 de febrero a dos testigos y tres imputados por el caso de los contratos de la Feria Multisectorial de San Andrés del Rabanedo. Estas nuevas diligencias suponen un impulso a la investigación abierta a raíz de la denuncia interpuesta por el Partido Autonomista Leonés- Unidad Leonesista (Pal-UL) al entender que en la contratación de la Feria Multisectorial de 2012 se habría incurrido presuntamente en los delitos de prevaricación, malversaciónde caudales públicos y tráfico de influencias. No obstante, la jueza titular del caso no ha especificado aún los delitos de los que se les acusa, aunque sí ha da curso a las diligencias solicitadas por la acusación.

De este modo, se ha citado a los representantes de dos de las empresas que supuestamente se beneficiaron de los contratos. Asimismo, está previsto, como demandaba el Pal-UL, un careo entre la concejala de Consumo y Mercados, Noelia Álvarez, en calidad de imputada, y una funcionaria del Consistorio que gestionó aquellos contratos.

Desde el Pal-UL indican que esta denuncia responde a «una presunta prevaricación, presunta malversación de caudales públicos y presunto tráfico de influencias» y que «ha supuesto que al día de la fecha, políticos, funcionarios y empresarios tengan que comparecer en calidad de imputados para que la justicia depure las responsabilidades penales que pudiera existir fruto de sus acciones en la cuestionada feria multisectorial».

El concejal por el Pal en San Andrés, Francisco Gómez, recordaba que el equipo de gobierno que dirige el popular Gregorio Chamorro, «presuntamente, fraccionó el contrato para evitar el concurso público, para así poder adjudicar a dedo todos los contratos de gestión de dicha Feria». Además, añadía que las dos empresas hacia las que recientemente se ampliaba la denuncia, se beneficiaron de la gestión de la feria sin contrato, es decir, por una adjudicación a dedo, y que en el caso de una de ellas ni siquiera se dedicaba a la actividad para la que fue contratada.

Desde el Consistorio leonés, al alcalde, Gregorio Chamorro, contra el que se dirigía inicialmente esta denuncia y que ya declaró en sede judicial como imputado hace unos meses, consideraba que esto no es más que otra «triquiñiela» de los demandantes para alargar el proceso. Chamorro sostenía la legalidad de los contratos y confió en que la justicia termine por cerrar la causa sin que llegue a celebrarse juicio oral.