Justo el día en que la asamblea de Gersul ratificaba su liquidación después de 26 años de polémica gestión que deja una deuda de 2,7 millones de euros, el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo celebraba una sesión plenaria de carácter extraordinario con un único punto del orden del día. Se trataba precisamente de la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la tasa por los servicios de transferencia, clasificación, tratamiento y eliminación de residuos domésticos.
Al igual que el resto de los municipios de la provincia de más de 5.000 habitantes, este documento iba a servir para que el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo se hiciese cargo del cobro de los recibos, mientras que la Diputación seguiría prestando el servicio a través del CTR mediante el correspondientes convenios.
Pero no será así, puesto que los grupos municipales del PP y del PSOE decidieron votar en contra de la ordenanza al considerar que con el pago de las tasas se pone en peligro la estabilidad financiera de las juntas vecinales.
Es por eso que –al menos durante el nuevo año– el Ayuntamiento deberá asumir con su presupuesto el millón de euros que le corresponde pagar a la Diputación por el tratamiento de los residuos. Desde el equipo de gobierno de la UPL consideran «es un acto de desconsideración e irresponsabilidad hacia los intereses municipales». «Esta unión política antinatural y la abstención de Vox y de IU-Podemos ponen de manifiesto su falta de compromiso con la estabilidad económica del municipio», agregan desde el equipo de gobierno, que sí contó con el apoyo de Ciudadanos.
La razón fundamental que esgrimen los grupos que no han respaldado la ordenanza se basa en futuros perjuicios económicos para las juntas vecinales y deja al Ayuntamiento «en una situación tremendamente complicada». «Incluso ante el compromiso del equipo de gobierno de compensaciones económicas mediante la firma de convenios y subvenciones con las juntas vecinales en el presupuesto de 2024, la lógica ha sido ignorada en favor de intereses partidistas. La situación alcanza niveles de absurdo y surrealismo, ya que al rechazar la tasa de Gersul, las juntas vecinales seguirán en precario mientras el Ayuntamiento carga con un déficit de un millón de euros. Este irresponsable acto político está condenando a los vecinos del municipio a enfrentarse a mayores deudas y lastrará las inversiones planificadas para el próximo año», agregan.
Las juntas vecinales, «en quiebra»
Mientras, desde el PP y el PSOE insisten en que la ordenanza supondría la «quiebra» de las juntas vecinales. El motivo ha sido la alegación presentada por la Junta Vecinal de Trobajo del Camino (PSOE), que hace referencia a las sumas que tendría que pagar – y en consecuencia, las otras tres pedanías del municipio– y que las dejaría «en una situación muy delicada para su supervivencia», argumentan los populares.
Mientras, los socialistas indican que tras la disolución de Gersul las juntas vecinales tendrían que pagar por todas sus dependencias aunque sean gestionadas por el Ayuntamiento. En el caso de Trobajo del Camino, ocurriría con el Punto Limpio, el Centro de Mayores, el vestuario de trabajadores de la avenida de la Constitución, el campo de fútbol de La Barrera o el solar de lavadero de camiones de la calle Alfageme.