El Ayuntamiento de La Pola de Gordón celebró este jueves por la mañana un pleno extraordinario en el que la corporación municipal guardó un minuto de silencio, con todos sus miembros en pie, en memoria de los fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). La sesión tuvo como punto central la aprobación del plan económico financiero para el periodo 2026-2027, una medida obligatoria tras el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en la liquidación del ejercicio 2025. El documento salió adelante con los votos favorables del PSOE, la abstención del PP y la UPL y el voto en contra de la Agrupación Vecinal Gordonesa (AVG).
El debate puso de manifiesto las diferencias entre los grupos sobre la gestión económica municipal, las medidas necesarias para corregir los desequilibrios y la forma de afrontar el ajuste sin perjudicar los servicios ni trasladar el coste a los vecinos.
El portavoz del PP, Francisco Castañón, atribuyó la situación a la gestión económica, administrativa y financiera del equipo de gobierno, al que reprochó no haber hecho partícipe a la oposición de las decisiones. «Creo que es responsabilidad del equipo de gobierno el intentar hacerlo cómplice», señaló en referencia a la aplicación del plan, reclamando también que los grupos municipales puedan conocer su evolución y las medidas concretas que se vayan adoptando.
Castañón defendió la necesidad de reducir el gasto, especialmente el de personal, pero sin que ello suponga una merma de los servicios municipales. En este sentido, recordó que el municipio mantiene prestaciones heredadas de una época en la que tenía una población muy superior, como las tres bibliotecas, las escuelas deportivas o los programas Crecemos y de guardería. A su juicio, esta realidad obliga a «ser todavía mucho más rigurosos a la hora de mejorar la gestión y trabajar en la gestión».
El portavoz popular también cuestionó que la subida de tasas sea la principal vía para sanear las cuentas. Aunque reconoció que algunos incrementos pueden ser necesarios para cubrir el coste de servicios como la recogida de basura, advirtió de que no se debe «cargar en exceso sobre los ciudadanos del municipio» el esfuerzo para mejorar la situación financiera. Además, reclamó mantener la reducción del periodo medio de pago a proveedores y buscar otras alternativas de ahorro. Pese a sus críticas, justificó la abstención de su grupo para evitar posibles consecuencias por parte del Ministerio de Hacienda: «No vamos a poner palos en las ruedas».
Por su parte, el portavoz de la AVG, Nacho Alonso, rechazó la propuesta al considerar que el documento presentado es una valoración técnica que no incorpora soluciones políticas concretas. «La falta de un posicionamiento político por parte de Alcaldía a través de una hoja de ruta clara nos lleva a la conclusión de que no hay una voluntad real de corregir los problemas estructurales existentes», afirmó.
Alonso recordó que el Ayuntamiento ya cuenta con dos planes de ajuste y cuestionó que ahora sea necesario aprobar un nuevo plan económico financiero. También criticó que las medidas puedan acabar perjudicando a los vecinos mediante el incremento de las tasas. «Entendemos que subiendo las tasas los beneficiados no son nuestros vecinos sino las carencias de gestión de los responsables», sostuvo.
Frente a esta situación, el representante de la AVG defendió estudiar la estructura de gastos, la organización y los recursos disponibles antes de adoptar medidas que afecten a la ciudadanía. «Antes de plantear medidas que puedan perjudicar a los vecinos, debería usted realizar un estudio de la estructura existente, de los gastos, de la organización y de los recursos disponibles», reclamó al alcalde. Alonso insistió en la necesidad de alcanzar la sostenibilidad económica sin comprometer el bienestar de la población y reprochó al equipo de gobierno la falta de diálogo y trabajo conjunto. «Nuestro voto será en contra», concluyó.
La concejala de la UPL, Sara Herrero, recordó que el plan deriva del incumplimiento de la estabilidad presupuestaria en la liquidación de 2025 y que su aprobación viene exigida por la normativa. «La ley obliga a aprobar el plan económico financiero», señaló. Aunque reconoció que la gestión económica debe mejorar, defendió que la responsabilidad no corresponde únicamente al actual equipo de gobierno, sino al conjunto de la corporación y a las decisiones adoptadas a lo largo del tiempo.
Herrero consideró necesario aplicar medidas de contención del gasto y recordó que el documento recoge actuaciones contempladas en el anterior plan de ajuste, además de otras adicionales. «Los gastos hay que hacerlos en todos los niveles. Hay que realizar una contención de gasto. Y eso es lo que tenemos que hacer entre todos», manifestó.
Para terminar su intervención, la portavoz de la UPL también reclamó al alcalde información actualizada sobre la situación económica para poder intervenir antes de que los problemas se materialicen. «Necesitamos información e información al día», insistió.
Ahorro y deuda con proveedores
En respuesta a los grupos de la oposición, el alcalde de La Pola de Gordón, Antonio García, defendió las medidas de ahorro impulsadas por el equipo de gobierno y puso como ejemplo la evolución del periodo medio de pago a proveedores, que, según indicó, ha pasado de 1.100 a 100 días. «Es un esfuerzo importante, pero es verdad que tenemos que seguir trabajando para conseguir llegar a esos días que nos marca la ley», reconoció.
En materia de personal, explicó que el Ayuntamiento está recurriendo a los planes que facilitan otras administraciones para cubrir temporalmente los puestos que quedan vacantes. Según señaló, esta fórmula está permitiendo conseguir «un ahorro bastante sustancial», aunque admitió que su aplicación no es sencilla.
García destacó asimismo la sustitución de la iluminación por tecnología LED en las dependencias municipales, una actuación que, según sus cifras, supone un ahorro de casi 80.000 euros. «No es suficiente, es verdad, pero bueno, es un primer paso», apuntó.
El regidor defendió también la necesidad de actuar sobre las tasas municipales y recordó que la normativa sobre residuos obliga a que una parte del coste del servicio sea asumida mediante las tarifas correspondientes, por lo que avanzó que los incrementos se aplicarán progresivamente.
En cuanto a las críticas de la AVG, García reprochó a este grupo que no plantee soluciones concretas y calificó su intervención de «populismo total». No obstante, coincidió con la portavoz de la UPL en que la responsabilidad económica debe ser compartida por toda la corporación, aunque recae especialmente en el equipo de gobierno la obligación de gestionar las cuentas municipales.
La aprobación del plan económico financiero marca así la hoja de ruta del Ayuntamiento de La Pola de Gordón para tratar de corregir el desequilibrio presupuestario durante los próximos dos ejercicios, en un escenario en el que el equipo de gobierno defiende las medidas de ahorro adoptadas y la oposición reclama más información.
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