Hace exactamente una semana, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció una línea de ayudas para garantizar el acceso al servicio de televisión digital en formato HD (alta definición por sus siglas en inglés) en las zonas rurales. Un máximo de 400 euros por hogar para la compra de receptores por satélite que todavía no se puede solicitar, ya que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital sigue trabajando en la elaboración del proceso de solicitud, un plan que, adelantan, estará disponible a mediados de marzo.
Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), todas aquellas personas afectadas por las llamadas 'zonas de sombra' (lugares que por su situación geográfica de aislamiento no captan de manera eficiente la señal del satélite) podrán beneficiarse de esta subvención que tiene carácter retroactivo hasta el 1 de enero de 2023. El único requisito es que deberán ser decodificadores homologados e instalados por distribuidores autorizados que figuren en el portal de consulta de distribuidores homologados (sattdt.es), una web facilitada por el Ministerio para la Transformación Digital.
Según avanzó Mañueco, esta medida tiene un presupuesto inicial de medio millón de euros, aunque contará con crédito ampliable para poder llegar al máximo de hogares que lo necesiten. Las solicitudes para acceder a esta ayuda deberán presentarse telemáticamente en la sede electrónica de la Junta o presencialmente en cualquiera de los registros previstos por la normativa a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Bocyl. Como condiciones, solo podrá registrarse una por domicilio y se dará prioridad a aquellas peticiones que se correspondan con los inmuebles en los que están empadronados los solicitantes.
Trifulcas políticas
Esta medida llegó en un momento en el que las administraciones se pasaban la 'patata caliente' de las responsabilidades ante el cambio de la televisión al HD. La Junta aseguraba que el competente en la materia era el Gobierno de España, mientras que desde el PSOE exigían en las Cortes que fuese el Ejecutivo autonómico el encargado de poner las ayudas, siguiendo la estela de lo sucedido tras el apagón de la televisión analógica en el 2010. Por su parte, el vicepresidente segundo de la Diputación de León, Valentín Martínez, cifró en algo más de 3.000 los receptores afectados en la provincia, aunque afirmó que ese dato no es exacto ni está actualizado.