Los daños que el lobo provoca en la cabaña ganadera fueron este viernes de nuevo objeto de debate en las Cortes de Castilla y León. Fue a raíz de una iniciativa de Vox en la que se trataba de exigir la elaboración de un Plan Nacional del Lobo con una Estrategia para la Conservación y Gestión en convivencia con las actividades del medio rural; su exclusión del listado de especies de régimen de protección especial y la remisión a la Comisión Europea de información real y oficial.
Así constaba en una PNL que contó con una enmienda de adición propuesta por el PP y recibió también el apoyo de UPL-Soria Ya y de Por Ávila, mientras que Ciudadanos se decantó por la abstención y el PSOE y Podemos votaron en contra.
La propuesta de Vox, partido que gestiona la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, incluía datos que cifran en 123 los ataques de lobos que se registraron en la provincia de León durante la primera mitad del año. Esto ha supuesto la muerte de 173 reses y la mayoría (64) eran de ganado vacuno. También se han perdido 47 caballos y potros, 13 ovejas y dos cabras. La mayoría de los ataques de los lobos afectaron a ganado de explotaciones de vacuno (61 casos), seguidas de las de equino (47).
Durante la presentación de la PNL, el procurador de Vox José Antonio Palomo subrayó que las cifras de ataques de lobos al ganado en el conjunto de Castilla y León son «inasumibles», defendió un equilibrio entre el control de las manadas de este animal y los ganaderos y saludó que la Comisión Europea haya tomado conciencia de este problema, aunque consideró que llega tarde.
Se remitió al crecimiento no solo en la comunidad y señaló que, en el caso de Castilla y León, desde 2014 hasta el año reproductor 2018 se calcula que hay «al menos, 35 nuevas manadas (+19 %), 25 al norte y 10 al sur del río Duero, que no fueron tenidas en cuenta por el Gobierno de España a la hora de evaluar el estado de conservación de la especie en el sexenio 2013-18».
También, explicó que han aumentado un 29 por ciento los ataques de manadas de lobos a explotaciones ganaderas desde la inclusión del lobo en el Lespre, de poco más de 1.300 en el primer semestre de 2021 a los 1.717 registrados en el mismo periodo de este año.
Mercedes Cófreces (PP) expresó el apoyo a PNL de Vox, pero defendió una enmienda para concretar los tres puntos de la iniciativa y planteó volver al régimen jurídico anterior modificado para que sea una especie protegida, lo que estimó que perjudica a los ganaderos de Castilla y León. «La Comisión Europea nos abre el camino para que se pueda modificar», argumentó la popular que propuso como enmienda de adición la inclusión de una nueva Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo, derogar la Orden de protección y remitir a la Comisión Europea información real y oficial de las comunidades responsables de la gestión del lobo, en especial Castilla y León no recabada por el Gobierno en su informe 2013-2018.
Por su parte, el socialista Juan Luis Cepa argumentó que hay asuntos que preocupan más a los agricultores y ganaderos como las ayudas a la sequía, añadió que eso no interesa y concluyó que «vamos a discutir» sobre, lo que en su opinión, no es lo más importante en el campo de la comunidad. Cepa se quedó con las palabras de la Comisión Europea en las que se invita oficialmente a las comunidades locales, a los científicos y a todas las partes interesadas a que presenten datos actualizados sobre la población de lobos y sus efectos y a tomar las medidas necesarias.
El procurador de Vox invitó al Grupo Socialista a centrase en el problema con independencia del partido que presenta la PNL y retó a «dejar a un lado los intereses partidista» y ponerse al lado de los ganaderos. «Sean valientes», reclamó.
Por parte de UPL-Soria Ya, Alicia Gallego, manifestó que se trata de «una cuestión recurrente» con «la búsqueda electoral», ya que consideró que Vox cree que «su granero de votos es el mundo rural». En tal sentido, pidió a PP y Vox que «hagan sus deberes», como la actualización del censo, antes de pedir «lo mismo a los demás», en referencia al Gobierno. «Reclamar a lo que no se da por la Consejería, queda muy feo», sostuvo la procuradora leonesista, que demandó controles, ayudas efectivas a la ganadería, medidas preventivas de protección y pidió que la Junta haga «lo que les corresponde».
La moción recibió el apoyo de Pedro Pascual (Por Ávila), que demandó también a la Junta la actualización del censo, una petición que compartió Francisco Igea (Ciudadanos) dado que el actual es del año 2012.