La Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de León criticó este miércoles el Real Decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado por el que se modifican diversos reales decretos en materia de Política Agrícola Común, mediante el que se establece que «los beneficiarios de las ayudas directas de la PAC y de intervenciones en desarrollo rural deben de aportar a la autoridad competente, cuando lo requiera, documentación que acredite el derecho al uso de las parcelas». Para ello, la autoridad competente hará un control reforzado de la documentación.
La organización agraria explicó que en una provincia como la de León, donde los agricultores profesionales cultivan en arrendamiento más del 70 por ciento de la superficie de la explotación e incluso del cien por cien en el caso de los jóvenes, «la mayoría de los acuerdos con particulares son verbales, pues ni los propietarios de las parcelas quieren firmar contratos escritos, ni la Ley de Arrendamientos Rústicos les obliga». Además, «una gran parte de los propietarios no aceptan el pago de la renta por transferencia bancaria u otro sistema de pago que deje constancia».
En este sentido, Asaja se mostró «partidaria de la formalización de contratos rústicos por escrito», sujetos a la Ley de Arrendamientos Rústicos, pero reconoció que el sector «no tiene mecanismos para cambiar la voluntad de los propietarios de tierras, que en muchos casos son familiares o personas unidas por una relación de amistad». Por ello, la administración del Estado es «la única con capacidad legal e inspectora para obligar a que se generalicen los contratos rústicos por escrito, dando seguridad jurídica a las partes y transparencia fiscal a las operaciones».
Además, apuntaron que la situación de falta de transparencia en los arrendamientos rústicos «es más flagrante en las zonas de la provincia no concentradas», con tierras de cultivo marginal y pastos, donde el minifundismo por propietario es mayor y las fincas son de menores dimensiones. En estos casos, el agricultor o ganadero «tiene que acceder a todas las condiciones que impone el propietario, ya que en caso contrario no hay acuerdo y se quedan sin cultivar».
Temor al abandono de fincas
Por todo ello, para Asaja, el cambio normativo publicado ayer en el BOE, «lejos de mejorar la situación, aumentará los conflictos entre arrendadores y arrendatarios» e incluso «podría llevar a la falta de acuerdos» y, como consecuencia, a que «queden más fincas abandonadas en las zonas agrícolamente más marginales de la provincia».