La Junta Vecinal de Armunia ha presentado alegaciones al Presupuesto General del Ayuntamiento de León para 2026 al considerar que mantiene un "grave déficit inversor" y un trato territorial desigual hacia la pedanía. Según denuncia, Armunia no aparece como destinataria de ninguna inversión territorializada específica en las cuentas municipales de este año.
La entidad contrapone esta ausencia de partidas concretas con las inversiones previstas en otras zonas de la ciudad. Según los datos recogidos en sus alegaciones, las actuaciones identificadas en el Casco Antiguo superan los 1,98 millones de euros, mientras que en Puente Castro se contemplan más de 739.000 euros y en La Palomera, otros 737.000.
Desde la Junta Vecinal sostienen que esta situación se arrastra desde 2019 y recuerdan las peticiones realizadas durante estos años para mejorar el asfaltado, las aceras, la accesibilidad, los parques, las instalaciones deportivas, las zonas verdes, la seguridad vial o los equipamientos públicos.
Las alegaciones cuestionan también la existencia de más de 2,37 millones de euros en partidas genéricas no territorializadas, bajo conceptos como "otras inversiones", "reposición de infraestructuras" o "inversiones urgentes", al entender que dificultan conocer qué barrios o pedanías se beneficiarán finalmente de esos fondos.
Otro de los puntos señalados es la financiación ordinaria de la Junta Vecinal, fijada en 75.000 euros anuales para 2026. La entidad considera insuficiente esta cantidad para una población superior a 5.000 habitantes y reclama que el reparto tenga en cuenta criterios como el número de vecinos, la superficie, los servicios asumidos o las necesidades sociales.
Por ello, Armunia solicita la incorporación de inversiones nominativas para la pedanía, revisar su financiación municipal, crear un sistema de territorialización de las inversiones y publicar un mapa que permita conocer el reparto del gasto por barrios y pedanías.
"No estamos reclamando privilegios; estamos exigiendo igualdad", sostiene la Junta Vecinal, que advierte de que continuará recurriendo a las vías institucionales, administrativas y jurídicas para defender sus demandas.
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