Lo que en un ayuntamiento normal hubiese supuesto un pleno de 10 minutos y una aprobación que es poco más que un trámite, ya que así lo obliga la normativa nacional, San Andrés del Rabanedo sacó este viernes adelante la subida salarial al personal laboral del municipio en un pleno extraordinario que se fue hasta la hora de duración a pesar de contar con un único punto (más allá de la votación de la urgencia del asunto) y la habitual trifulca política escasemente edificante.
Ya con interventor accidental, el arquitecto jefe municipal, la alcaldesa Ana María Caurel explicó que se llevaba este asunto a aprobación para incluir la subida en las nóminas de este mes así como de forma retroactiva a todo el año 2025. Así mismo, señaló que la subida cuenta con tres informes favorables, el de contabilidad, secretario e interventor, lo que a priori supondría que la cuestión no tendría mucha más historia.
Sin embargo, la oposición al completo mostró sus dudas sobre la legalidad de la subida, expresándola públicamente en el pleno incluso entre los que votaron a favor «por si un día se demuestra que es ilegal, la responsabilidad no recaiga en quienes la apoyamos confiando en los informes y para no ser un obstáculo para que recaiga en los trabajadores», como se expresaron la concejal no adscrita o el representante de Ciudadanos. La medida salió adelante con sus votos a favor así como los de UPL y la abstención (más allá del interés en que constase en acta como un «no voto» por parte de la concejal de IU) del resto de ediles.
Las dudas recaen en la procedencia de los fondos para afrontar este pago, que Caurel explicó provienen de una consignación que ya existía en los presupuestos (prorrogados desde 2020 y sin liquidación aún del pasado año) con el ahorro procedente de las bajas laborales y las jubilaciones que se han dado en este tiempo. Laura Fernández (IU) aseguró que las cuentas no salían, Benjamín Fernández (PSOE) recordó la obligatoriedad de la presencia del interventor en las comisiones de Hacienda, que aseguran no se cumplió, Vox acusó al equipo de gobierno de «chantaje político» a costa de los empleados municipales y el PP volvió a acusar al equipo de gobierno de actuar «como si tuviese una mayoría con la que no cuentan».
Por su parte, el equipo de gobierno lamentó que la oposición ponga en duda «incluso los informes técnicos» acusando de «entorpecer por entorpecer» su labor.