Las Cortes de Castilla y León instaron este miércoles a la Junta a rediseñar la oferta de sus Centros Integrados de Formación Profesional Agraria para garantizar a los alumnos la realización de las prácticas presenciales de los cursos de incorporación a la empresa agraria, así como a habilitar “de forma urgente” otro centro de FP Agraria en la provincia de León para dar servicio “con inmediatez” a todas las solicitudes de formación práctica en estos cursos.
La propuesta, erigida por la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y que llegó a Pleno tras el empate obtenido en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Parlamento autonómico, pudo salir adelante gracias al apoyo de los grupos Socialista y Mixto y a la abstención de Vox, pese a que estos últimos consideraron la solución propuesta por UPL como “improvisada”.
Una PNL defendida, en primer lugar en la comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por el procurador berciano de UPL, José Ramón García, que reclama a la institución autonómica rediseñar la oferta de Centros Integrados de Formación Profesional en las provincias de la xomunidad, instaurando los CIFP nuevos que fuesen necesarios para garantizar al alumnado que realiza Cursos de Incorporación a la Empresa Agraria poder realizar sin demora en sus provincias las prácticas presenciales de dichos cursos; además de proporcionar a los jóvenes que realizan los Cursos de Incorporación a la Empresa Agraria la uniformidad y calzado que precisen para la realización de las prácticas, en dichos cursos, o en todo caso, sufragar los gastos de adquisición de los mismos.
García remarcó que el objetivo “es muy claro” y no es otro que “dar una solución inmediata y justa” a los jóvenes de la provincia de León que desean incorporarse al sector agrario y que se encuentran con graves dificultades para completar su formación. “No estamos hablando de una cuestión menor, se trata del futuro del campo leonés, del relevo generacional en nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas y la supervivencia económica y social de nuestros pueblos”, sentenció.
Y es que la provincia de León “solo dispone de un único Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP” que puede ofrecer las prácticas del Curso de Incorporación a la Empresa Agraria (CIEA), que es el CIFP de Almázcara. Pues bien, desde UPL queremos “reconocer y valorar” el enorme trabajo que en este centro se realiza y advirtió que “nadie cuestiona la labor y la profesionalidad de su personal docente”, ni tampoco queremos restar recursos ni protagonismo al CIFP de Almázcara, simplemente queremos “reforzar la red formativa agraria”.
El procurador berciano de UPL detalló que este centro “no da abasto” y no dispone de fechas para que los alumnos desarrollen las 15 horas prácticas obligatorias y se ven obligados a desplazarse a Burgos, Segovia, Salamanca o Soria para completarlas. Tal y como denunció el sindicato agrario Ugal-UPA, 35 alumnos de la provincia de León se encuentran en esta situación y tienen que recorrer cientos de kilómetros, pagar alojamiento y transporte, adquirir materiales que solo van a utilizar tres días, justificar ausencias laborales o familiares en un claro desagravio “al no poder hacer las prácticas en su propia provincia y que, en ocasiones, los lleva a abandonar el curso”.
En cualquier caso, quiso poner de manifiesto que la provincia de León “es la que más jóvenes incorpora cada año” al sector, pero sin embargo “es la que menos recursos tiene para formarlos adecuadamente” y que advirtió “no es una casualidad, es el resultado de años de desatención y de planificación desigual” por parte de la Junta de Castilla y León. “No es una carencia puntual, es un problema estructural que requiere de un necesario refuerzo de la red de centros de formación profesional agraria en León y debe hacerse de forma territorialmente equilibrada”, destacó.
Por todo ello, requirió a la institución autonómica “dar un paso al frente”, poner fin a esta situación y poner “sentido común, equilibrio territorial y justicia social” porque lo que aquí demandamos “no es algo extraordinario”. Una situación que, denunció, “se repite en Zamora”, otra provincia de la Región Leonesa que carece de la suficiente oferta formativa agraria y demandó que los jóvenes deben tener “una formación agraria de calidad, accesible y cercana”, que permita frenar la sangría de pérdida poblacional y que “es todo lo contrario a lo que la Junta predica”.
Una postura que también fue defendida por Francisco Igea, del Grupo Mixto; mientras que el socialista Miguel Hernández Alcojor consideró que no solo se debe plantear la posibilidad de contar con nuevos centros sino que la Junta tiene que “mejorar las condiciones de los existentes”, especialmente en relación a sus trabajadores que, según el procurador abulense del PSOE, sufren “precariedad laboral”.
Finalmente, la procuradora ‘popular’ Carmen Sánchez Bellota defendió la negativa de su partido a apoyar la propuesta de UPL porque el “compromiso y modelo” del PP “se basa en el rigor y la planificación” que, aseguró, realiza el gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco con la FP Agraria, “columna vertebral del sistema primario en Castilla y León”, y no en los “gestos vacíos” de los que acusó a la oposición.