El Ayuntamiento de León ha aprobado este miércoles en sesión plenaria y de manera inicial la nueva ordenanza fiscal que regulará la tasa por los servicios de recogida, transporte y tratamiento de residuos. El texto ha salido adelante con el voto de calidad del alcalde, José Antonio Diez, después del empate generado por el apoyo del equipo de gobierno del PSOE, la abstención de UPL y el voto en contra de PP, Vox y el concejal no adscrito, Ildefonso del Fueyo.
En este sentido, el regidor ha recordado que se trata de una aprobación inicial y se ha mostrado dispuesto a analizar las propuestas de los grupos, a las que se ha referido como "interesantes" pese a que algunas de ellas "sean de difícil aplicación" con los instrumentos de gestión de los que se dispone en la actualidad.
El debate lo había abierto el concejal de Hacienda, Carmelo Alonso Sutil, quien ha recordado que la finalidad de esta ordenanza es cubrir los costes del servicio conforme a las exigencias de la Ley de Residuos, repartiéndolos entre toda la ciudadanía “con criterios objetivos”. “La tasa cubre exactamente el coste del servicio sin superávit ni déficit”, ha defendido el edil socialista.
Además, ha explicado que la ordenanza parte de un estudio que sitúa el coste anual del servicio en 11,07 millones de euros, una cifra similar a la del presente ejercicio, que se redistribuye entre todos los usuarios “con un criterio de justicia”.
Alonso Sutil ha explicado que, para fijar las cuotas, se han tenido en cuenta las exigencias de la legislación de residuos, el principio de ‘quien contamina, paga’, los costes de gestión del servicio y el principio de capacidad económica. En este sentido, ha detallado en primer lugar que hay una tarifa básica que supone el 35% de la tasa e incluye una cantidad fija de 24,73 euros al año y otra cantidad que depende del tramo de valor catastral del inmueble como criterio de capacidad económica (se aplica un 0,066%). Y a ello se suma una tarifa por generación, que supone el 65% de la tasa y distribuye una parte del coste según los residuos que se estima que puede producir cada inmueble. En las viviendas se consideran la superficie y el número de personas empadronadas. En los comercios, oficinas y otros establecimientos, la superficie y el tipo de actividad.
La propuesta contempla, entre otras medidas, la bonificación del 50 % para las familias numerosas en su vivienda habitual y del 2% por domiciliación bancaria, con el pago en dos plazos. La nueva norma va más allá y también regula situaciones específicas, como las viviendas cerradas sin suministros y los locales sin actividad.
La tarifa supone un recibo medio en las viviendas que incluye las tasas de recogida y tratamiento de 94,91 euros, lo que viene a ser unos ocho euros más que la suma de las tarifas anteriores, pero tiene en cuenta el número de residentes y la bonificación para familias numerosas.
“La nueva tasa corrige situaciones injustas como locales cerrados que pagaban como abiertos, personas solas que pagaban como familias o bares que abonaban tasas como comercios”, ha concluido el concejal de Hacienda.
Un panorama bien distinto ha dibujado el portavoz municipal del PP, David Fernández, ha defendido que “el cumplimiento de la ley no es incompatible con evitar una subida de la presión fiscal y mantener un servicio de calidad”. En este sentido, el edil popular ha recordado que la subida media de la tasa es de un 4,5% y la lamentado que sea “una piedra más en la mochila de las familias en un escenario en el que tienen que hacer frente al encarecimiento de la energía, la vivienda y la cesta de la compra”. Además, la lamentado que el Ayuntamiento “no haya hecho los deberes” cuatro años y medio después de la aprobación de la Ley de Residuos y ha lamentado que la nueva ordenanza, que llega después de la anulación de las dos anteriores, no valore de manera concreta el esfuerzo de cada hogar a la hora de reciclar los residuos. “Y eso puede poner en riesgo también la seguridad jurídica de este texto”, ha agregado Fernández.
Por su parte, el portavoz municipal de UPL, Eduardo López Sendino, ha iniciado su intervención explicando que tampoco le parece del todo “justa” la nueva ordenanza y que por eso su grupo ha optado por la abstención, ya que ha defendido al mismo tiempo la necesidad de que el coste del servicio sea asumido por los ciudadanos tal y como marca la ley. “Usted pretende gobernar esta ciudad tras las elecciones de mayo, por lo que, si hiciésemos lo mismo que usted, tendría once millones de euros menos cuando iniciase su mandato, ya que no habría ordenanza y no se podría cobrar la tasa”, ha argumentado el edil leonesista para criticar el voto en contra del PP. Además, ha insistido en su abstención “por responsabilidad” y ha criticado que la ordenanza “se adapte a la comodidad en la gestión y no a criterios reales de justicia”. En este sentido, se ha referido a tramos excesivamente amplios a la hora de fijar la tarifa por generación de residuos y al hecho de que haya muchos locales de hostelería que catastralmente figuran como comercios.
Mientras, la portavoz de Vox, Blanca Herreros, argumentó su rechazo a la ordenanza en un primer argumento “ideológico”, ya que impone una “tasa extractiva”. “Los ciudadanos no nos merecemos más impuestos por tener unas calles limpias y una recogida de residuos”, ha argumentado la edil. Su segundo argumento es “jurídico”, ya que ha mostrado sus dudas sobre la legalidad de un texto que en sus dos tarifas utiliza índices catastrales, algo que a su juicio sirve para “engordar la tasa de manera artificial”. “¿Cuándo se va a devolver la tasa de 2024 que fue anulada por los tribunales?”, se ha preguntado finalmente Herreros.
A este respecto, durante su intervención para cerrar el debate, el alcalde se ha comprometido a que la nueva tasa no se cobrará a nadie que no haya recibido ya su devolución, todo después de que el concejal de Hacienda hubiera confiado en que eso haya ocurrido antes de que finalice el presente año.
Además, Diez ha hablado de una “redistribución de la tasa”, puesto que “habrá contribuyentes que pagarán más y otros que pagarán menos”. En todo caso, ha asegurado que la presión fiscal de este mandato es inferior a la del último mandato del PP. “Solo con la anulación de las ordenanzas, ya han tenido mucha menos presión fiscal”, ha argumentado el regidor antes de insistir en que las subidas son “muy pequeñas”. Además, ha insistido en la posibilidad de mejorar el texto durante el periodo de alegaciones y también más adelante, cuando lo permitan los “instrumentos de gestión” que ahora mismo no están disponibles y que medirán los residuos que genera cada hogar de manera fehaciente. “Ahora mismo no hay ninguna ciudad de más de 50.000 habitantes que pueda cumplir todo lo que dice la ley y por eso han sido muchísimas las ordenanzas anuladas”, ha concluido el alcalde.
Añadir La Nueva Crónica como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.