Según el escrito de acusación del fiscal, la mujer dispuso de la pensión «para sus propios fines» durante este periodo de 33 años tras no haber puesto en conocimiento de la entidad bancaria ni del Instituto Nacional de la Seguridad Social el fallecimiento de la señora. Según continúa el escrito del Ministerio Público, los ingresos se percibían de forma periódica, al menos mensual, y la acusada «iba disponiendo del dinero» para sus propios gastos, «para lo que solía utilizar la tarjeta, además de haber domiciliado diversos pagos».
La cantidad abonada y reclamada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social desde el 1 de enero de 1997 hasta el 30 de septiembre de 2016 asciende a 135.0263 euros, habiéndose devuelto por parte de la entidad bancaria 34.799 euros y quedando por tanto pendiente el importe de 100.462 euros.
Pena
Para la fiscalía los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa del que es responsable penalmente en concepto de autora la acusada. Por ello, considera que se le debe imponer una pena de cuatro años de prisión o de cinco en el caso de ser condenada por el delito del artículo 307 ter.
Además, el fiscal también estima que la mujer deberá indemnizar al Instituto Nacional de la Seguridad Social con la cantidad de 100.464 euros por la cantidad defraudada y que no ha sido recuperada, siendo responsable civil subsidiario la entidad financiera en la que se ingresaban las cantidades de dinero. La acusada no cuenta con antecedentes penales. El caso viene derivado del Juzgado de Instrucción número 1 de Astorga.