Nuevo curso político, mismos (o peores) problemas. El pleno municipal del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo celebró este jueves su sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre tras el protocolario descanso de agosto y lo hizo demostrando que nada ha cambiado en el vigente mandato, avergonzando por enésima vez a los vecinos del municipio, que padecen una situación política que alcanzó ayer un nuevo hito en una confrontación nada constructiva y menos productiva entre equipo de gobierno y oposición que en esta ocasión se saldó con la expulsión del pleno de la portavoz del Partido Popular, Noelia Álvarez.
El pleno, que arrancaba a las 10 de la mañana y se extendía hasta las cuatro de la tarde, giró en esta ocasión en torno a la situación del interventor interino, cuya ausencia ha bloqueado la gestión del consistorio y la moción presentada por los populares instando a la alcaldesa Ana María Fernández Caurel al «cumplimiento con urgencia» de la orden emitida por la Junta de Castilla y León que obliga a reiniciar el proceso de selección de esa plaza, ocupada ahora por un trabajador de la casa gracias a un nombramiento accidental que igualmente ha traído cola. Álvarez hizo un repaso a todo un proceso que arrancaba en octubre de 2024 y cuya problemática gira esencialmente en torno al reconocimiento o no de los suplentes del tribunal del proceso como parte del mismo. La Junta considera que no y que por tanto el mismo cuenta con mayoría de habilitados nacionales, situación que lo apartaría de la legalidad, mientras que el equipo de gobierno de UPL afirma que sí y que por tanto el proceso de selección es legal y la orden de la Junta responde únicamente a «intereses partidistas», que igualmente para la alcaldesa llevaron a retrasar voluntariamente el nombramiento del interventor accidental.
Los diferentes grupos acusaron a Caurel primero de dejar pasar la oportunidad de incluir la plaza en un concurso de méritos reconociendo esta incluso que «se le pasó» el plazo y después de enrocarse en una posición que aseguran «es equivocada» y deriva en «un perjuicio para los vecinos y los trabajadores municipales, que son quienes sufren esta situación». Respecto a este asunto, y pese a que al equipo de gobierno asegura no tener constancia de ello, sobrevuela el ayuntamiento una judicialización del asunto si el elegido en el proceso decide llevarlo al Contencioso, lo que previsiblemente suponga un castigo económico para el consistorio. Tras aprobar la moción con votos a favor de todos los concejales a excepción del evidente voto en contra de los representantes de UPL, el punto de seguimiento y control retomó un asunto que terminó derivando en la expulsión del pleno de la portavoz popular. Tras negarlo reiteradamente, PP y PSOE demostraron que la alcaldesa había solicitado para el tribunal nombres concretos de funcionarios explicando ella que estos respondían a las propuestas previas de las diferentes administraciones, si bien la discusión subió de tono tras instar Noelia Álvarez a Caurel a «pagar de su sueldo» las consecuencias económicas que puedan derivarse de la judicialización del asunto. Caurel consideró esto «una falta de respeto» y aseguró que era igual que si ella pedía que la popular «pagase de su bolsillo las consecuencias de no pagar la tasa de Gersul». Álvarez insistió, la alcaldesa la llamó al orden en dos ocasiones, a lo que respondió «como si me llama por tercera vez» después de mentar el «abandono» a las juntas vecinales, cuyo convenio en su día vinculó la popular a su voto a favor de la tasa de basuras. Caurel efectivamente llamó al orden por tercera vez a Álvarez, lo que significó su expulsión del pleno y el abandono con ella del resto de concejales del PP.
Caurel explicaba después que la expulsión se daba debido a que la portavoz «no pasaba a la siguiente pregunta pasándose del tiempo, me gusta el respeto y debe ser por todas las partes», si bien incluso antes de acabar el pleno lanzaba un comunicado a los medios asegurando que la expulsión se debía a «una conducta inadmisible» citando «continuas interrupciones, gestos de burla» y la citadas alusiones personales a la alcaldesa que asegura UPL «desbordan los límites de lo aceptable en un órgano democrático».
Inventario de árboles
Además, el pleno aprobó con los votos a favor de PP, Vox, PSOE e Izquierda Unida la moción de los populares para realizar un inventario sobre el estado de salud de los árboles del municipio. Cs se abstuvo asegurando que la propuesta del concejal del PP para que este trabajo lo hiciese el jefe de servicio «que para eso se le paga» es inviable: «En León una empresa ha tardado 6 meses y ha cobrado más de 60.000 euros», recordó Rafael Sánchez. La coincidencia fue eso sí total en el «pésimo» estado de las zonas verdes del municipio reconociendo incluso el equipo de gobierno su descontento con las labores que se encargaron de poda y desbronce.