Este martes entra en vigor el nuevo reglamento de extranjería que aprobó el Gobierno hace seis meses, con el objetivo de facilitar los trámites para regularizar su situación a los migrantes que lleguen a España.
Sin embargo, asociaciones de ayuda humanitaria, diferentes abogados especializados y colectivos de migrantes en España han denunciado ya desde hace semanas que esta nueva normativa no beneficiará en absoluto, más bien al contrario, a los solicitantes de asilo que lleven ya un tiempo en el país.
El texto que hoy entra en vigor, a falta de que el Gobierno concrete las dudas que genera, establece que el tiempo que una persona extranjera ha pasado en España esperando a que su solicitud de asilo sea resuelta –trámite que puede demorarse años– no computará a la hora de pedir un permiso de residencia legal en el caso de que su petición de asilo sea finalmente denegada, quedándose de nuevo en una situación irregular.
«Me aterra volver a estar sin papeles y que los dos años y medio que llevo trabajando y pagando impuestos no hayan servido para nada. Me da miedo volver a empezar de cero». Es el testimonio de un joven colombiano que trabaja y renueva anualmente su tarjeta roja de solicitante de asilo en León y que ahora ve peligrar su legalidad en España.
Como él, con ese temor de que todo el tiempo que llevan aquí sea literalmente borrado de los registros, se encuentran miles de solicitantes de asilo en la provincia que son, en su mayoría de Colombia y Venezuela y que, solo el año pasado fueron 987 y, el anterior, 1.102, según los datos del Ministerio del Interior.
Y es que, en el caso de que finalmente no se les reconozca el asilo, se convertirán en irregulares hasta que puedan conseguir la legalidad por la vía del arraigo, para el cual sí se reduce la residencia exigida de tres a dos años.
Varias organizaciones humanitarias han recurrido esta parte de la norma ante el Tribunal Supremo, pues la única vía que permite la nueva ley para los solicitantes de asilo –durante el primer año– sería optar al arraigo seis meses después de recibir un ‘no’ a la solicitud de asilo, en lugar de los dos años que se exigen al resto de migrantes.
Seis meses en los que no podrían tener un empleo tras llevar dos o tres años en España trabajando a la espera del asilo.