En la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cifrado en 45.000 millones los recursos totales destinados por el Ejecutivo a proteger a la clase media y trabajadora y al tejido productivo del país ante aumento del coste de la vida, de la energía y de los alimentos tras el impacto del conflicto bélico.
Pese a que en los últimos meses España ha conseguido moderar la subida de precios y ya es el país con el nivel de inflación más bajo de la zona euro, el Ejecutivo ha decidido impulsar un tercer paquete de apoyo para hacer frente a la coyuntura actual, en el que se incluirá la prórroga de algunas de las medidas actualmente en vigor y que expiran el 31 de diciembre y otras nuevas relacionadas, principalmente, con la cesta de la compra y la vivienda.
En concreto, el decreto incluye congelar durante seis meses el precio de los alquileres cuando se tengan que renovar contratos, un cheque 200 euros para familias con rentas inferiores a 27.000 euros anuales y con un patrimonio no superior a 75.000 euros y rebajas del IVA del 4% al 0% para todos los alimentos del primera necesidad durante seis meses, entre ellos el pan, la leche, los huevos o las frutas y verduras, y del 10% al 5% para aceite y pasta para hacer frente al impacto de la guerra de Ucrania y el alza de la inflación. No obstante, hay ciertos alimentos que no se encuadran en ninguna de estas categorías, como las bebidas azucaradas o alcohólicas, a las que se les aplica el tipo general del IVA del 21%. También ha aprobado ayudas directas a los agricultores en compensación con el incremento del precio de los fertilizantes.
Bonificación al combustible
El Gobierno ha eliminado la bonificación generalizada al combustible para el año 2023 y ha decidido mantenerla solo para el colectivo de profesionales, que incluye a transportistas, agricultores, navieras y pescadores, por lo que el descuento de 20 céntimos desaparecerá el próximo 1 de enero para los clientes particulares.
La prórroga del descuento de 20 céntimos por litro para el transporte profesional por carretera se abonará al final de cada mes. Para los agricultores, la ayuda directa por el citado importe se aplicará mediante la devolución del impuesto especial de hidrocarburos. Tiene un coste de 240 millones de euros. Sánchez ha señalado que la evolución en las últimas semanas de los precios de los carburantes ha sido favorable, lo que explica que no se haya prorrogado para particulares, pero ha defendido que el descuento ha teniendo un "efecto indudable positivo en millones de trabajadores".
Se trata de una medida que surgió inicialmente del diálogo entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y los transportistas reunidos en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que congrega a las principales patronales del sector.
Finalmente, el Ejecutivo decidió ampliarlo y aplicarlo al conjunto de la población en línea con las medidas tomadas en el resto de Europa, como en Portugal o Francia, para amortiguar el impacto de la subida de los precios como consecuencia de la guerra en Ucrania.
La medida se aplicó primero hasta el 30 de junio a través del primer plan de respuesta a la guerra, aprobado a finales de marzo, pero se prorrogó en junio con la aprobación del segundo gran plan para hacer frente a la crisis derivada de la invasión rusa.
El coste de esta medida para sus tres primeros meses de aplicación se estimó en 1.423 millones de euros, por lo que para el conjunto de los nueve meses ascendería a más de 4.000 millones de euros, uno de los principales motivos por los que se habría decidido su eliminación, así como por su carácter regresivo, ya que se aplica a todo el mundo por igual, independientemente de su renta.
Además, el precio de los combustibles ha ido descendiendo en los últimos meses y ya se sitúa el diésel en torno a los 1,6 euros y la gasolina alrededor de los 1,5 euros, frente a los máximos de 2,1 euros y 2,15 euros, respectivamente, que han llegado a tocar este año.