Según el fiscal no ha quedado acreditado que el beneficio económico de la acusada con la venta de esos productos supere los 400 euros y considera que se trata de una falta contra la propiedad industrial por la que pide imponer una pena de diez días de localización permanente, además del decomiso de los efectos intervenidos.
La defensa, por su parte, niega el relato del fiscal y asegura que su representada desconocía que se tratara de productos falsificados. Por ello, argumenta que sin delito no hay autoría y que lo que procede es imponer la libre absolución a la acusada.
El juicio está señalado para el próximo 29 de octubre en la sala de lo Penal número uno de los Juzgados de León.
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