A juicio por más de 10 operaciones ilícitas de compraventa de coches

Seis y cinco años de prisión es la pena que el fiscal reclama para los dos acusados que se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial este lunes. Serán juzgados por un delito continuado de estafa que se deriva de unos hechos que sucedieron entre los años 2015 y 2016, según figura en el escrito de acusación de la Fiscalía. Se trata de dos personas, un hombre y una mujer. Él era el administrador de hecho de una sociedad radicada en Ponferrada dedicada a la compraventa y reparación de coches usados y ella administrativa de esta empresa. Ambos, explica el fiscal, «en ejecución de un plan preconcebido», actuaron con el propósito de obtener «un beneficio económico ilegítimo» aprovechando para ello las «relaciones comerciales que tenían con diferentes personas y dando la apariencia de que los contratos que celebraban eran reales».

En el documento se recogen más de una decena de operaciones que llevan a la Fiscalía a considerar que entre los dos cometieron un delito continuado de estafa. La primera hace referencia a la venta al acusado de un coche por un precio total de 11.500 euros que abonó con un cheque sin fondos; la segunda a la venta de un coche por 2.700 euros sin entregar dinero alguno al propietario; la tercera a que simularon vender un automóvil a una persona que –tras el correspondiente contrato de compraventa– les pagó 2.000 euros sin llegar a recibir el coche nunca; la cuarta a que llevaron a los acusados un vehículo valorado pericialmente en 24.000 euros con el fin de que le cambiaran las ruedas y ellos aprovecharon para su venta ilícita, ya que no contaron con el consentimiento del dueño, que además de no autorizar la operación tampoco cobró nada por ella. Por su parte, la quinta maniobra detalla que una persona dejó su vehículo, tasado pericialmente en 8.500 euros, en el establecimiento de los acusados para su tasación y posible venta y ellos aprovecharon para despacharlo sin comunicárselo a su dueño ni pagarle por ello.

Procedieron de forma similar en más ocasiones. Otro ejemplo tuvo lugar a finales de 2015, cuando les dejaron un coche tasado en 9.500 euros para su revisión y lo vendieron sin consentimiento. También en fechas próximas vendieron sin consentimiento un vehículo por 4.680 euros que habían dejado en el establecimiento de los acusados para una reparación. En noviembre de 2015 concertaron también un contrato de compraventa de un coche a cambio de 19.000 euros y, pese a haber recibido el dinero, no llegaron a entregar el automóvil, sino que con anterioridad habían procedido a su ilícita reventa por un precio de 18.000 euros más otro vehículo. El noveno hecho que se recoge en el escrito del fiscal se refiere a una operación en febrero de 2016, cuando una persona entregó su coche a los acusados para su venta y estos le entregaron a sabiendas un cheque sin fondos por valor de 1.800 euros.

En junio del año anterior, en 2015, otra persona compró a los acusados un automóvil tasado en 6.900 euros que presentaba una serie de fallos mecánicos y que dejó en e establecimiento por encontrarse en garantía, algo que aprovecharon para –de manera ilícita y sin consentimiento– proceder a su reventa en abril de 2016 y, por último, en mayo de 2015 se apunta que otra persona adquirió de los acusados un automóvil que le habían asegurado que estaba libre de cargas y gravámenes, pese a que sabían que no era cierto. Sobre el mismo pesaban dos anotaciones de embargo por valor de 3.222 euros y 8.750 euros y los acusados, según se indica, eran conscientes de esta circunstancia.

Todas estas actuaciones que se detallan en el escrito son para el fiscal constitutivas de un delito continuado de estafa que atribuye en concepto de autores a estas dos personas, al administrador de hecho de esta sociedad y a la administrativa, a los que pide las penas de seis años de prisión y cinco años de cárcel, respectivamente. Además, considera que deberán indemnizar conjunta y solidariamente a los perjudicados por su actuación en más de 114.000 euros.