A juicio por falsear documentos para adjudicar un servicio para la Universidad

La Audiencia Provincial de León celebrará este lunes, 23 de enero, un juicio por un delito de falsedad en documento oficial del que se acusa a dos personas para las que el fiscal pide las penas de cuatro años y dos años y seis meses de cárcel. Según explica en sus conclusiones provisionales, en enero de 2017 uno de los acusados –mayor de edad y sin antecedentes penales previos– gestionaba contratos de mantenimiento de unas instalaciones y, en el ejercicio de sus funciones, realizó las gestiones necesarias para la contratación del mantenimiento de unas puertas automáticas y barreras automatizadas para la Universidad de León (ULE) para el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2017 y el 31 de enero de 2018. Para dicha contratación, según se explica en el documento, "debía solicitar a tres empresas ofertas o presupuestos previamente", si bien no era legalmente obligatorio al tratarse de un contrato menor, siguiendo las instrucciones del Servicio de Gestión Económica.

Esta persona contactó entonces con el otro acusado, también mayor de edad y condenado anteriormente por un delito de falsificación de documento público oficial mercantil y por estafa. Este otro era el administrador de una empresa y el primero de los acusados lo conocía por ser esta empresa la que le estaba prestando en ese momento un servicio de mantenimiento. Así, le pidió que le presentase el presupuesto de su empresa y de otras dos más y, el 12 de enero de 2017, el segundo le envió al primero un email en el que le decía "Hola...: adjunto las facturas pendientes y los presupuestos solicitados. Si necesitas alguna variación, me comentas. Saludos". Le remitió entonces unas facturas pendientes y tres presupuestos, el primero de su empresa de fecha de 12/07/2017 por 165 euros la puerta sin IVA; el segundo de otra empresa de fecha de 12/01/2017 por 289 euros la puerta sin IVA y el tercero de otra diferente, sin fecha, por 385 euros la puerta sin IVA. El fiscal explica en su escrito que estos dos últimos presupuestos iban «sin firma ni sello», pero en ellos "se imitaban los membretes de las empresas» y fueron «realizados materialmente por el segundo de los acusados o por alguien «por encargo suyo, sin consentimiento ni conocimiento de las empresas indicadas".

Se trataba de un contrato de mantenimiento de puertas automáticas y barreras automatizadasEl 13 de enero de 2017 el primer encausado envió un escrito con el asunto ‘solicitud de contratación del mantenimiento de puertas automáticas y barreras automatizadas’ en el que solicitaba la contratación del mantenimiento de las puertas automáticas y barreras automatizadas entre el 1 de febrero de 2017 y el 31 de enero de 2018 y en el que indicaba que "de las ofertas recibidas, la que mejor cumple con las necesidades de la ULE y resulta más ventajosa económicamente" es la presentada por la primera de las empresas, por un importe de 1.815 euros más IVA.

A la hora de emitir este escrito, el fiscal afirma que el primero de los acusados tenía «pleno conocimiento» de que los presupuestos no se le habían presentado por parte de diferentes empresas, como se exigía en las instrucciones o protocolo, aunque ello no fuera preceptivo legalmente, sino que "todos ellos" fueron presentados por el representante de la empresa elegida, que proponía para la contratación. Además, considera que dio a entender «inequívocamente» que las ofertas le habían sido presentadas por tres empresas», exponiendo así al órgano superior que debía continuar con el proceso de adjudicación, pese a saber que esto era "incierto" y "omitiendo y evitando que fuera conocido que las tres ofertas le fueron presentadas por una única empresa, la que indicaba como más conveniente".

Finalmente, el servicio se adjudicó a esta compañía por importe de 2.196,15 euros con IVA incluido y se informó de ello a las otras, que respondieron que "no habían elaborado los presupuestos y desconocían el concurso". Sabiendo esto, mediante resolución del rector de 23 de enero de 2017 se acordó anular, dejando sin efecto alguno, la adjudicación del contrato e iniciar un nuevo procedimiento de contratación al que debían ser invitadas, al menos, las empresas interesadas en el procedimiento que se anulaba.

Por todo lo explicado, el fiscal considera que estas dos personas cometieron un delito de falsedad en documento oficial. Para el segundo, además, agravado por reincidencia, y por el que considera que procede imponerles la pena de cuatro años de prisión para el primero y multa de doce meses con una cuota diaria de diez euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años y, para el segundo, de dos años y medio de cárcel y multa de doce meses con las mismas condiciones, además de repartirse las costas derivadas del procedimiento.