El Ministerio Público añade que el 15 de febrero de 2017 el denunciante efectuó la transferencia por esa cantidad, y el acusado no ha procedido hasta la fecha ni a la entrega del vehículo ni a la devolución del dinero. Por ello estima que los hechos que relata son constitutivos de un delito de estafa por el que cree que se debe imponer al acusado la pena de 24 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, así como las costas del procedimiento.
Además, en concepto de responsabilidad civil añade que debe indemnizar al denunciante con la misma cantidad que le fue estafada.
El acusado es mayor de edad y, según la fiscalía, sus antecedentes penales no constan.
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