A juicio por captar a mujeres sudamericanas y obligarlas a prostituirse en un club de León

La Audiencia Provincial de León sentará a partir del próximo 19 de noviembre a dos personas en el banquillo por un presunto delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Según el escrito de calificaciones provisionales del Ministerio Público al que ha tenido acceso este periódico, los hechos se remontan a los años 2015 y 2016 y recogen hasta cuatro mujeres que fueron ‘engañadas’ y traídas de forma irregular a España para obligarlas a ejercer la prostitución en un club de alterne del sur de León.

Todas ellas de nacionalidad paraguaya, una vez en España eran trasladadas al club leones y allí, sin contrato de trabajo ni seguro médico, se les imponía un horario de trabajo de alrededor de 12 horas durante toda la semana sin descanso hasta que saldasen la deuda contraída por el viaje, que ascendía a 3.000 euros, que debían satisfacer ejerciendo la prostitución. No obstante, ellas no recibirían directamente el dinero por los servicios, sino que debían abonar 50 euros en concepto de alojamiento y, de los 45 euros del servicio, 43 eran para los acusados. Además vivían bajo a la amenaza de que, de no acceder a estas condiciones, iban a agredir a su familia en su país de origen.

De acuerdo al relato de hechos expuestos, nada más llegar a España se les retiraba el billete, el pasaporte y el dinero y eran dirigidas al club de alterne donde debían ejercer la prostitución para saldar una deuda a base de servicios de prostitución que les habrían sido especificados al llegar al territorio nacional y haciéndose valer de la «penosa situación económica» que todas ellas tenían en su país.

El fiscal considera que los hechos expuestos constituyen cuatro delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en concurso medial con cuatro delitos de determinación coactiva a la prostitución, además de un delito de favorecimiento a la inmigración ilegal, pidiendo un total de seis años y medio de cárcel para cada uno de ellos.

Alternativamente, dice el fiscal, debería apreciarse un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros, con una pena de dos años y medio de prisión por delito.
Asimismo, entiende el Ministerio Público, procede la clausura del local de alterne donde se habrían producido estos hechos, así como la indemnización a las víctimas, que concurren a este proceso como testigos protegidos.

Según se publicaba en su día, estos hechos están relacionados con una operación policial de julio de 2017, cuando agentes de la Policía Nacional detenían a tres personas presuntamente responsables de un grupo criminal dedicado a la captación de mujeres sudamericanas a las que ofrecían altos beneficios económicos ejerciendo la prostitución en España. Las víctimas, ante la precaria situación económica en la que vivían tanto ellas como sus familias, aceptaban la oferta y viajaban hasta España con la esperanza de ofrecer a sus hijos un futuro mejor. Pero una vez aquí, eran explotadas sexualmente en un club de alterne sin obtener beneficio económico alguno hasta saldar por completo la deuda contraída con los tratantes por los gastos derivados de su viaje.

La investigación tuvo su origen en las informaciones recibidas del agregado policial de Brasil en España, según las cuales la Policía brasileña habría interceptado a dos mujeres de nacionalidad paraguaya que podían encajar en el perfil de víctimas de trata de seres humanos, que viajaban desde Brasil con destino a Madrid.

Inmediatamente, agentes de la Policía Nacional especializados en este delito organizaron un dispositivo con la finalidad de comprobar la información recibida, lo que les llevó a la detección de las dos mujeres y la posterior desarticulación de la organización que se encargaba de recogerlas en el aeropuerto y trasladarlas hasta León, donde eran explotadas en el ejercicio de la prostitución en un club de alterne.