Mayoría de micropymes
No obstante, la reclamación de los sindicatos afectaría principalmente a las pymes y micropymes, la categoría más poblada del tejido industrial de la provincial, en la que también encajan los aproximadamente 30.000 autónomos de León. En este sentido, en empresas de hasta 50 empleados trabajan cerca de 50.000 personas, según datos el Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística (INE).
En cuanto a los centros de empleo que cuentan con representantes de los trabajadores, de acuerdo con los datos que manejan los sindicatos, son unos 1.000, con 3.000 delegados, lo que da cuenta del amplio número de plantillas que sin una referencia clara en materia de prevención, ya que el mismo Dirce establece el número total en 30.006 sociedades activas al cierre del pasado año.
En este contexto, el secretario provincial de UGT, Enrique Reguero, considera que «es muy importante y necesario la creación de la figura del delegado territorial o delegado sectorial en una provincia con mayoría de pymes, en muchas de las cuales no hay una representación sindical, lo que hace más difícil vigilar la salud laboral de los trabajadores».
Mayor control público
El pasado 28 de abril, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, los sindicatos volvieron a reclamar mejoras en la prevención a todos los nieves. León registra una media de 12 accidentes laborales cada día. En el presente año ya se ha registrado una accidente mortal, mientras que el pasado fueron seis los que perdieron la vida de camino a su puesto de trabajo. Desde UGT León, Francisco Romasanta considera que «un accidente mortal ya es suficiente para movilizarse, ningún trabajador debe morir en su puesto de trabajo y menos en ir y venir del puesto del trabajo a casa». Para Romasanta son «datos escalofriantes», que se debe en parte a que «hay poca financiación para los recursos preventivos». Denuncia también que «se dejan las evaluaciones de riesgos al margen, son poco operativas, y, además, el control de la salud de los trabajadores lo llevan las mutuas, que son lo que son». En la misma línea, la secretaria de Salud Laboral y Políticas de Sanidad, María Elena Martínez, apunta que «las empresas tratan de sortear la prevención, lo que quieren hacer con los requerimientos mínimos para evitar sanciones». A su juicio, eso provoca que los empleadores «derivan la responsabilidad a los trabajadores, cuando es obligación de las empresas». Para corregir esta situación reclama a las compañías «invertir en salud y vida para los trabajadores» porque también es «invertir en recuperación».
Coinciden Romasanta y Martínez en pedir a las Administraciones Públicas más vigilancia para que se cumpla la ley en esta materia, que «se tomen en serio la seguridad y la salud de los trabajadores» y que los poderes públicos doten a los responsables de esa vigilancia de «los recursos necesarios» para que exista mayor control. En este sentido, critican que la siniestralidad vaya al alza en Castilla y León, mientras desciende en el conjunto del país.
Poco espacio en la agenda
En cualquier caso, aunque la reivindicación está latente y surge a la superficie con cada tragedia laboral, por el momento su espacio en la agenda es limitado. La intensidad de las negociaciones de la Reforma Laboral, las pensiones o lo relacionado actualmente con la inflación y la pérdida de competitividad para las empresas y de poder adquisitivo para los trabajadores ocupa la mayor parte del debate entre los agentes sociales.
En lo que respecta a Castilla y León, cabe señalar que medidas como la potenciación del arbitraje no han llegado a buen puerto, a lo que se suma ahora el desafío al Diálogo Social con la reciente composición del nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León entre PP y Vox.
Con todo ello, la creación de la figura del delegado territorial y sectorial de riesgos laboral se antoja complicada, a pesar del amplio número de trabajadoresa los que se dirigiría, según la propuesta promovida por los sindicatos.