El Juzgado de Instrucción número 2 de León ya da por concluida su labor y en junio de este año dictaba auto de imputación contra 71 personas (llegó a haber más de un centenar pero este auto también recoge el sobreseimiento provisional para muchos de ellos).
Fue la ‘Operación Bernesga’, con abogados, funcionarios de Justicia, médicos, fisioterapeutas, peritos de seguros, asiduos de los juzgados y anónimos supuestamente interesados en ganarse un dinero fácil y rápido, implicados en esta trama para cuyo juicio aún no existe fecha, pues siguen en proceso de resolución los recursos interpuestos por las partes.
En total se estima que pudieron llegar a defraudar a diversas aseguradoras hasta 5 millones de euros con partes falsosLa actividad delictiva habría comenzado en noviembre de 2009, fecha en la que el cabecilla abría su primera cuenta como forma de proceder en las supuestas estafas, cuenta que al parecer no pasaban por Hacienda. Cuando se producían las primeras detenciones (marzo de 2003 con 27 detenidos), se habían llegado a abrir casi 200 cuentas. Al principio habría operado de una forma más discreta, pero confiados ante la impunidad de sus actos incrementaron la actividad, sobre todo en los años 2011 y 2012. En total se estima que pudieron llegar a defraudar a diversas aseguradoras hasta 5 millones de euros con partes falsos.
Ya a finales de 2012 se inicia la investigación por parte de la Policía Nacional. Las escuchas telefónicas fueron determinantes. Así se va desentrañando el funcionamiento de esta red que orquestaba accidentes a demanda, contratando hasta a las víctimas, para cobrar indemnizaciones.
Dice el citado auto de imputación que el abogado leonés, asistido de otras personas, simulaba accidentes de circulación eligiendo a los vehículos que habían de aparecer implicados, los ocupantes de cada uno de los coches, el lugar del accidente... Luego, a los supuestos lesionados los derivaba a uno de los traumatólogos que colaboraban con él y que redactaban los informes que el propio abogado ‘dictaba’. También los centros de fisioterapia serían escogidos por él donde se llegaron incluso a prescribir, dice el escrito, sesiones de rehabilitación que nunca fueron realizadas, pero por las que sí cobraban una cantidad a repartir entre la clínica, el abogado y el paciente.
El que movería todos los hilos es, según la instrucción, el abogado Carlos H.F., el cabecilla, que se encuentra ahora en libertad provisional y ejerciendo su profesión en Oviedo. Contaba con la ayuda de un funcionario de Justicia de León, concretamente de Instrucción 5, también en libertad provisional, encargado de acelerar o retrasar los procedimientos al antojo de los intereses de la trama; además de haber provisto a la organización de material de oficina que revestía de solicitud sus actividades delictivas.
Los delitos
Se le imputa un delito continuado de estafa agravada (estafa procesal, habiendo defraudado más de 50.000 euros), falsificación de documentos, dos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capital, simulación de delito y tenencia ilícita de armas. Un arma que, apunta el auto, "es apta para el disparo y precisa licencia así como la correspondiente guía de pertenencia".
Entre los otros 70 imputados está el funcionario de los Juzgados de León; la mujer del abogado –a la que acusan de blanquear dinero–; algún que otro abogado que se prestó a defender al contrario en los siniestros simulados; un grupo de colaboradores que se encargaban de buscar a los ocupantes de los coches; una buena lista de los que participaron en estos accidentes (algunos en hasta cinco en un mismo año), y diversos médicos, fisioterapeutas y peritos.
Un juicio para la historia de León por sus dimensiones que está cerca de conocer la fecha de señalamiento del mismo.