«El apagón de la TDT: ¿es de allá o de acá?». Con esta frase titulábamos hace una semana la información sobre la trifulca política generada a cuenta de la responsabilidad de dar ayudas para la compra de receptores en zonas rurales ante el inicio de las emisiones exclusivamente en alta definición, que tuvo lugar este mismo miércoles. Y parece que al final el apagón era de acá.
Las Cortes de Castilla y León habían aprobado el pasado siete de febrero una propuesta del PP en la que se instaba al Gobierno a habilitar esas ayudas para la adquisición de esos dispositivos de HD vía satélite por parte de los hogares ubicados en municipios donde no llegase correctamente la señal de TDT. Dicha iniciativa recibió además el apoyo de Vox, UPL-Soria Ya y Por Ávila, además de contar con la abstención de Francisco Igea y el voto en contra de Podemos y del PSOE, que entró en un debate con los ‘populares’ sobre quién tiene la competencia y reclamó que las ayudas las habilitase la Junta.
Y eso es precisamente lo que anunció este miércoles su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, coincidiendo justamente con el apagón de las emisiones de televisión en definición estándar. Se trata de la convocatoria en un plazo aproximado de un mes de una linea inicial de medio millón de euros –aunque contará con crédito ampliable para poder ayudar a los hogares que lo necesiten– que se distribuirán en ayudas individuales para la adquisición de receptores que permitan ver la televisión en los puntos de sombra, especialmente en el medio rural. El importe máximo de 400 euros por hogar.
En concreto, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital prevé subvencionar tanto la adquisición del descodificador como la instalación individual de la antena y el cableado necesario para recibir la señal, siempre que estas inversiones se hayan realizado a partir del 1 de enero de 2023.
Tras el anuncio del presidente, la Dirección de Comunicación de la Junta informó mediante una nota de prensa que esta iniciativa «es consecuencia de la inacción del Gobierno de España, competente en la materia». Sin embargo, cabe recordar que el PSOE ya había exigido en las Cortes que fuese la Junta la encargada de poner las ayudas, tal y como había hecho en apagón de la televisión analógica en el año 2010 y también posteriormente mientras el PP estaba en el Gobierno de España a la hora de promover la instalación de receptores por satélite en zonas donde la señal de televisión no se recibe con suficiente calidad. Y lo cierto es que así era. Fueron por ejemplo 238 los beneficiarios en 2017 y 352 en 2018, tal y como puede comprobarse en los comunicados emitidos entonces por la Junta con motivo de la resolución de las ayudas.
Al margen de la trifulca política, cabe señalar que las solicitudes para acceder a esta nueva ayuda deberán presentarse telemáticamente en la sede electrónica de la Junta o presencialmente en cualquiera de los registros previstos por la normativa a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Bocyl. Sólo podrá registrarse una por domicilio y se dará prioridad a aquellas peticiones que se correspondan con los inmuebles en los que están empadronados los solicitantes.
Las ayudas se dirigen a los residentes en aquellas zonas de Castilla y León que no reciben la señal de la TDT a través de los centros emisores terrestres y, por lo tanto, lo hacen vía satélite. Se exigirá que tanto los receptores como la instalación se hayan adquirido o encargado a través de uno de los distribuidores autorizados que figuran en el listado presente en el portal www.sattdt.es, único mecanismo habilitado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para solicitar el alta de un receptor, dado que la señal satelital está cifrada.
Antes de anunciar estas ayudas, la Junta había apostado por firmar convenios con las diputaciones con un importe de 65.000 euros para cada una, aunque por el momento no está claro si decaerán tras el anuncio realizado en Ávila por Fernández Mañueco.
Más de 3.000 aparatos
En cualquier caso, el vicepresidente segundo de la Diputación de León y responsable del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), Valentín Martínez, explica que siempre se mostró crítico con ese convenio. «Si se calcula que hay algo más de 3.000 receptores afectados y si hacemos una subvención directa desde la Diputación, le corresponderían poco más de veinte euros. Eso no arregla absolutamente nada», asegura antes de la mentar que la Junta haya querido «endosar» la competencia a las instituciones provinciales. «Si tenemos que ayudar, lo haremos, pero son competencias totalmente impropias para nosotros. Es un auténtico problemón, porque estas personas ya en su día tuvieron que hacer inversiones. Bastante desgracia tienen esos pueblos de montaña. La mayoría de los pensionistas de esas zonas de montaña son agricultores y ganaderos y tienen una pensión de poco más de 700 euros y si tienen dos televisores tienen que comprar dos descodificadores y cambiar la antena, se les va la pensión entera de ese mes y ¿qué comen en ese mes si andan al día?», defiende el vicepresidente segundo de la Diputación.
Cabe detallar que el estudio que maneja la institución provincial habla de un total de 2.843 receptores que deberían sustituirse con el apagón en las zonas rurales, aunque ese dato no es exacto ni está actualizado. «Se calcula que sea algunos más, unos 3.000 y pico receptores, aunque la cifra de hogares son menos porque en casi todos hay ya más de un televisor», concluye Martínez.
¿Qué supone el cambio?
¿Y qué supone el cese de las emisiones de televisión en definición estándar para pasar a la alta definición? En el lado positivo de la balanza podemos destacar la mayor calidad imagen y el sonido envolvente como principales atributos de la calidad de la emisión en HD. Sin embargo, como ya hemos visto anteriormente, también hay un lado negativo. Para poder disfrutar de estas ventajas, es imprescindible tener cobertura, la antena adaptada y un equipo compatible con esta nueva tecnología. El Gobierno asegura que más del 98% de los aparatos que hay en España ya lo son, pero en León –principalmente en sus pueblos– hay más de 3.000 los que no lo son.