El alcalde de Cacabelos declarará por presunta prevaricación

El portavoz del Grupo Municipal del PP en Cacabelos, Adolfo Canedo asegura que el actual alcalde deberá responder ante los juzgados por un presunto caso de prevaricación que podría desencadenar incluso «malversación de caudales públicos y usurpación de funciones de funcionario». Lo hará el próximo día 14 en el Juzgado Número 1 por haber mantenido en su puesto a la interventora interina sin permitir la reincorporación del interventor titular tras su baja por depresión, después de que mantuviera un conflicto que llegó a las manos con el regidor. Esos hechos, asegura Canedo son «sumamente graves» porque podrían desbancar todos los informes de la interventora desde que debía cesar en su puesto en enero del año pasado. Pese a que Canedo denunció ante la Policía y la Guardia Civil esta circunstancia, la funcionaria interina se mantuvo en su puesto. Estos hechos se encadenan con otro caso, ya en apertura de juicio oral. Se trata de la denuncia del interventor de plaza al alcalde por no haberle permitido este acceder a su puesto al hacerlo, como había sido notificado para ello.

Canedo asegura que también la Junta ha establecido contenciosos contra estos hechos. La gravedad de estos casos considera que está detrás de las críticas del equipo tripartito sobre su gestión. Canedo asegura que «han mentido» al explicar datos que no recogen toda la realidad, como los de la deuda. El portavoz popular siempre ha puesto como cifra de endeudamiento municipal en 2011 la de 13,5 millones, aunque ahora el equipo de gobierno la dejará en 2,5 millones. Canedo asegura que esa es la deuda contable, pero se ha dejado fuera la que no estaba contabilizada, como la deuda con la Seguridad Social, de unos 400.000 euros o la que tenían con la servidora de la luz y el gas, de unos 360.000 euros. Con esos ítems, defiende Canedo, que se alcanzan los 13,5 millones que defiende.

Lamenta que el actual equipo de gobierno sume a sus críticas las de la denuncia que él como concejal del PP realizó ante las irregularidades detectadas en la gestión de las subvenciones para el Recinto ferial y el Museo Arqueológico de Cacabelos, por una cuantía global de 1,4 millones.

Canedo defiende sus denuncias, porque no se cumplió el pago a los constructores en 30 días como se condicionaba la ayuda al Recinto, de casi un millón de eurosy, en el caso del MARCA, porque se pidió una segunda subvención para la misma obra que ya contaba con ayudas. Canedo entiende que la culpa «no es del que denuncia» sino de la mala gestión realizada antes.