En este sentido, el ILC ha acogido una reunión informativa con los alcaldes, presidida por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente de la Diputación, Eduardo Morán, para arrojar luz sobre los criterios de este proyecto publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). En la reunión, a la que han asistido otras autoridades como la delegada territorial de la Junta en León, Ester Muñoz, se ha explicado que los 86 documentos elaborados durante los últimos años, uno por cada municipio que no tenían ningún tipo de instrumento en materia urbanística, estarán tres meses en exposición pública para que ayuntamientos y entidades puedan realizar sus aportaciones.
Tanto desde la Junta como desde la Diputación, han insistido en la importancia de estos documentos para instalar empresas en el medio rural y, por tanto, en la lucha contra la despoblación. "Estábamos viendo cómo impedían que diversas empresas se instalasen en los territorios. De hecho, yo he recibido numerosas llamadas de alcaldes diciendo que empresas se quieren instalar en su municipio pero que no pueden hacerlo porque lo impiden las normas urbanísticas", ha apuntado Suárez-Quiñones.
Facilitar la llegada de empresas
El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio también ha considerado que las normativas con más de tres décadas que estaban vigentes hasta ahora eran "obsoletas, antiguas y no adaptadas a diferentes legislaciones sectoriales". "86 municipios son el 40 por ciento de los municipios de la provincia, más de 5.000 kilómetros cuadrados de los 15.000 que tiene la provincia. Son poca población, 32.000 personas, pero a la que más debemos apoyar porque son el eje de la lucha contra la despoblación. Es donde más necesitamos actividades económicas y que no haya cortapisas para las empresas", ha valorado el representante de la Junta.
En la provincia de León hay nueve municipios que disponen de un Plan General de Ordenación Urbana: León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Astorga, La Bañeza, Bembibre, Villablino y Valencia de Don Juan. Al mismo tiempo, otros 116 ayuntamientos que disponen de Normas Urbanísticas Municipales. Al resto es a los que llega esta actualización de las Normas Subsidiarias y Complementarias de Planeamiento Urbanístico Municipal de Ámbito Provincial, que en territorio leonés se aprobaron el 3 de abril de 1991.
Se espera que las nuevas normas urbanísticas para estos municipios puedan entrar definitivamente en vigor en el segundo trimestre de 2023. Estos documentos incluyen cartografía, identificación del territorio o terrenos de protección especial que sirvan para dar seguridad jurídica a los ayuntamientos y a las empresas que quieran instalarse. Un "trabajo ingente" que ha llevado varios años a los técnicos de la institución autonómica y de la provincial, dado que a nivel municipal no se dispone de la capacidad ni de los recursos para desarrollar una normativa de este tipo.
Por su parte, Morán ha insistido en esta misma idea de que el medio rural leonés "no se puede permitir" perder iniciativas empresariales y de la necesidad de desplegar una nueva normativa con criterios claramente definidos para los pequeños ayuntamientos, como a la que este miércoles se da luz verde en el Bocyl. "Este territorio de la provincia tiene unas especiales protecciones en el medio natural y hay que intentar definir los tres tipos de suelo que se establecen en las mismas para evitar los conflictos que puedan surgir entre propietarios que quieran desarrollar una actividad en materia de vivienda, industrial o agrícola y no tengan claro los criterios técnicos y dónde ubicar las mismas", ha indicado el presidente de la Diputación.
Los municipios que entran dentro de la NUT en territorio leonés son: Algadefe, Arganza, Balboa, Barjas, Benuza, Bercianos del Páramo, Bercianos del Real Camino, Berlanga del Bierzo, Cabreros del Río, Calzada del Coto, Campazas, Campo de Villavidel, Candín, Castilfalé, Castrillo de Cabrera, Castrillo de la Valduerna, Castrocalbón, Castrocontrigo, Castrotierra de Valmadrigal, Cea, Cebanico, Cebrones del Río, Cimanes del Tejar, Corbillos de los Oteros, Cubillas de los Oteros, Destriana, El Burgo Ranero, Escobar de Campos, Folgoso de la Ribera, Fuentes de Carbajal, Gordaliza del Pino, Grajal de Campos, Gusendos de los Oteros, Izagre, Joarilla de las Matas, La Antigua, Las Omañas, Laguna Dalga, Lucillo, Luyego, Matadeón de los Oteros, Matallana de Torío, Matanza, Molinaseca, Oencia, Palacios de la Valduerna, Peranzanes, Pobladura de Pelayo García, Pozuelo del Páramo, Prado de la Guzpeña, Priaranza del Bierzo, Puente de Domingo Flórez, Quintana del Marco, Quintana y Congosto, Regueras de Arriba, San Adrián del Valle, San Esteban de Nogales, San Millán de los Caballeros, San Pedro Bercianos, Sancedo, Santa Colomba de Somoza, Santa Cristina de Valmadrigal, Santa María de la Isla, Santa María del Monte de Cea, Sobrado, Soto y Amío, Trabadelo, Truchas, Urdiales del Páramo, Val de San Lorenzo, Valdelugueros, Valdemora, Vallecillo, Valverde-Enrique, Vega de Valcarce, Vegacervera, Villabraz, Villamandos, Villamanín, Villamartín de Don Sancho, Villamol, Villamoratiel de las Matas, Villaornate y Castro, Villaselán, Villazala y Zotes del Páramo. Tal y como apuntaron desde la Junta, todas las provincias de Castilla y León "tienen el mismo problema" y la nueva normativa llegará a la mitad de municipios de la comunidad autónoma.