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Recursos del campo leonés

15/12/2022
 Actualizado a 15/12/2022
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El vaciado poblacional de las áreas rurales se produce actualmente por falta de adaptación de la normativa a sus circunstancias. La legislación se redacta bajo el interés de las aglomeraciones urbanas. Este planteamiento falla, puesto que sus premisas difieren de las que priman en el rural.

Que el campo permanezca poblado requiere legislación a medida, puesto que es ésta la que autoriza o no la valorización de sus recursos. España en general, y León en particular, pierden cuantiosa economía por disfunciones legales, que se traducen en despoblamiento, debilidad de corredores logísticos en áreas interurbanas, y agudos desequilibrios socioeconómicos entre diferentes estratos del país. El campo es parte del engranaje económico leonés y español, pero apenas se tiene en cuenta.

Globalmente, el campo tiene recursos agrícolas, alimentarios, naturales, ambientales o históricos. Los recursos agrícolas se atienden gracias a la Política Agraria Comunitaria, que es una intervención del sector para su supervivencia mediante ayudas; necesarias ante un mercado internacional de precios reventados. Además, garantiza la autonomía y suficiencia alimentarias.

Los recursos alimentarios son elaboraciones que se pueden realizar en origen, a partir de productos agroganaderos. Esta actividad se castiga, pues las leyes exigen lo mismo a una fábrica que a una granja pequeña. Sin embargo, un productor del lugar, que comercialice cantidades pequeñas para mercados de proximidad, con baja huella de carbono, necesita regulación adecuada a esa circunstancia. Los ‘furanchos’ gallegos son ejemplo de esta comercialización in situ del producto regional transformado, lo que exigió normativa propia. Esta fórmula evita la despoblación garantizando unos ingresos extra a un coste asumible.

Los recursos naturales requieren un tratamiento cauto, señalizando rutas e hitos atractivos. La explotación de montes comunales, según la costumbre, sería una fuente importante de ahorros, lo que exigiría revisar la actual Ley de Montes autonómica, inadaptada a la economía tradicional leonesa. Recursos ambientales, como los sumideros de carbono que representan cultivos, sotos, montes y bosque deben remunerar a los pueblos que los poseen. Actualmente, la sociedad urbana capitaliza esta capacidad de autodepuración sin compensaciones a sus mantenedores: los pueblos.

Otra fuente de valor sería el patrimonio monumental, mediante la apertura continua, con pago. La fórmula actual, sujeta a la contratación de foráneos, disuade, pues desorienta al turista sobre la disponibilidad del inmueble. Se necesitan fórmulas que dejen esos ingresos en el pueblo afectado.
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